De 2 a 6 años y hasta 400 días de multa a quien ejerza violencia política contra la mujer

Propuesta en el Congreso de Baja California
De 2 a 6 años y hasta 400 días de multa a quien ejerza violencia política contra la mujer

TECATE.- Tras de tener experiencias negativas en agravio de las mujeres, en donde la otro Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, logrará que gracias a los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez Penal sentenciara a Christian Munguía Rojo a sentenciará a 42 años de prisión por los delitos de feminicidio y aborto sufrido, cometidos en agravio de quien en vida llevara el nombre de Assilem Adriarem Munguía Romero, se busca por parte del legislador de Baja California que las sanciones se impongan de dos a seis años y hasta 400 días de multa a quien ejerza violencia política contra la mujer por razón de género.

En este sentido, en el Congreso de Baja California se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para imponer prisión de dos a seis años y hasta 400 días de multa a quien ejerza violencia política contra la mujer por razón de género.

En la propuesta de legisladora Claudia Agatón, que cuenta con el acompañamiento de organizaciones feministas, destaca que se aplicará esta sanción a quien realice por sí o a través de terceros, “cualquier acción u omisión que tengan por objeto menoscabar, impedir, restringir, anular o limitar el reconocimiento, goce, acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos, electorales o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión a una mujer por razones de género”.

Es impostergable la protección a las mujeres para que expresen sus preferencias políticas sin que medien actos en su contra, al igual que al tomar decisiones en los ámbitos privado y público en esta frontera, advirtió la diputada del PT.

Advirtió que en la medida que se incrementa la participación política de la mujer también aumentan los actos u omisiones que encuadran como violaciones a sus derechos político-electorales.

En redes sociales, spots publicitarios políticos y en medios de comunicación de Baja California se transmiten aún mensajes de violencia política hacia las mujeres, precisamente por ser mujeres.

Resulta propicio que a la violencia política por razón de género se le considere delito, por ser una conducta que lesiona un bien jurídico tutelado y además atenta gravemente contra los principios ético-sociales, jurídicos, políticos y económicos, que son elementos fundamentales de nuestra sociedad.

En el desempeño de actividades políticas, las mujeres enfrentan uno de los mas grandes retos para ejercer sus derechos político-electorales a plenitud.

“Cierto es que hoy se palpa un avance significativo; sin embargo, no es suficiente para dejar de actuar y conformarnos con un escenario que, aun, no es completamente garantista para quienes decidimos ejercer nuestro derecho de participar en el universo democrático de nuestra sociedad”, agregó la petista.

Agatón mencionó que a pesar de todas las acciones legislativas que se han implementado, aún no son suficientes para la reducción de estas conductas u omisiones y las iniciativas no han alcanzado para su tipificación como delito en la entidad.

Recordó que para combatir estas vulneraciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó en 2015 la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres”, donde se afirma que para avanzar en la garantía de los derechos políticos de las mujeres se debe legislar para tipificar la violencia política por razón de género.

En el proceso electoral de 2019 en Baja California, el Instituto Estatal Electoral recibió varias quejas por violencia política de género contra candidatas; en una de ellas el organismo electoral fijó sanciones contra uno de los agresores, pero al final se incumplieron, a pesar de que las confirmó el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. El sancionado, Julio Rodríguez Villarreal, exdirigente municipal del PRD, fue nombrado director de Participación Social de la Secretaría de Educación en el gobierno de Jaime Bonilla de Morena.

Organizaciones civiles acompañan la iniciativa de reforma, entre ellas el Colectivo Diversa y el Frente Político Nacional de Mujeres de Baja California.



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