Ley Nacional de Extinción de Dominio

Sociedad y derecho

El 14 de marzo de este año se adicionaron al artículo 22 de la

Constitución Federal los párrafos tercero, cuarto y quinto, que tratan

sobre la "acción de extinción de dominio", cuya ley reglamentaria (Ley

Nacional de Extinción de Dominio) publicada en el Diario Oficial de la

Federación este viernes 09 de agosto que entra en vigor hoy lunes 12,

viene a derogar a la Ley Federal de Extinción de Dominio.

El artículo 3 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio dispone

que esta acción consiste en "... la pérdida de los derechos que tenga una

persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley,

declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni

compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o

comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o

detente los citados Bienes"

La actual "acción de extinción de dominio" constituye un

procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del

procedimiento penal, que no estaba determinado expresamente con

anterioridad a esta fecha. Es de carácter patrimonial porque priva de

bienes a quienes se benefician con el producto de la comisión de delitos,

al aplicarse en sentencia los bienes en favor del Estado, con un destino

de interés público en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena

fe, al permitir darle un beneficio social, convirtiendo a éstos en bienes

de dominio público inalienables e imprescriptibles.

En este sentido, el dominio privado del particular se pierde a favor

del Estado por encontrarse relacionado el bien con investigaciones

derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento y delitos cometidos

por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos,

recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro,

extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos,

petrolíferos y petroquímicos.

De a cuerdo a la adición al artículo 22 Constitucional, la acción de

extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter

patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, de manera

que las investigaciones de los hechos son la base de la acción, por lo

que no exige la existencia de un procedimiento penal, consignación,

auto de sujeción a proceso, orden de aprehensión o sentencia sino que

sólo basta que existan las investigaciones.

No obstante que el último párrafo del artículo 22 Constitucional

menciona que garantiza el derecho de las personas que se consideren

afectadas por dicha acción al acceso de los medios de defensa para

demostrar la procedencia legítima del bien sujeto a procedimiento, ésta

tiene diversas inconsistencias que podrían generar que en el corto plazo

sea necesaria su modificación, sobre todo porque da la posibilidad de la

venta anticipada de los bienes durante el juicio, y en el evento de que

del proceso resulte que la persona a la cual se le afectaron sus bienes

en la extinción de dominio, termina acreditando el origen o el uso lícito

de éstos, el Estado Mexicano le pagará su valor de acuerdo a montos

que pueden no ser del todo justos sin que exista la posibilidad de

devolver dichos bienes a sus dueños.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas

letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad ¡Hasta la

próxima!



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