¿Hasta donde protege el fuero Constitucional al Presidente?

El artículo 108, segundo párrafo de la Constitución Política Federal dispone que, “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá´ ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Por su parte el artículo 111, cuarto párrafo de la misma Carta Fundamental expresa que: “Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá´ lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del arti´culo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá´ con base en la legislación penal aplicable”.

Los artículos anteriores contienen el fundamento de lo que la doctrina ha llamado “Fuero Constitucional”.

hay que tener claro que la propia Constitución habla de varios tipos de “Fueros”, que se distinguen entre ellos tanto por los sujetos a los que van dirigidos, así como por el objeto y fin al que se destinan.

De manera tal que tenemos el “Fuero Presidencial” por así llamarlo, pero también hay un “Fuero Legislativo”.

El “Fuero Legislativo”, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 61 de la Constitución Federal, dispone que: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.”

El Constituyente, de esa manera, protegió al Poder Legislativo con una “inmunidad”, como prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones que salvaguardan, otorgando a quienes la disfrutan, la facultad de no comparecer ante cualquiera jurisdicción extraña, sin previa declaración de procedencia emitida por el mismo cuerpo legislativo.

Dicho en otras palabras, el “Fuero Legislativo” fue establecido para proteger la independencia y autonomía del Poder Legislativo en sus funciones.

El “Fuero Presidencial” por su parte, aún y cuando persigue en esencia el mismo fin del “Fuero Legislativo”, su objeto es sustancialmente distinto, ya que este no va dirigido a “garantizar la libertad de expresar ideas y pensamientos” como en el caso del parlamentario, sino a limitar la facultad de los demás poderes en caso de querer procesar al Presidente de la República en funciones por “Delitos Penales”, circunscribiendo esta prerrogativa sólo a los delitos de “Traición a la Patria” y a los considerados como “Graves” por el fuero común.

Lo anterior se corrobora con el hecho de que los artículos constitucionales que tratan este punto se encuentran, precisamente, previstos en el “Título Cuarto” de dicha Carta Magna, que se refiere a “las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.” 

En consecuencia, de acuerdo a lo narrado, haciendo una interpretación sistemática, histórica y contextual de los ordenamientos legales citados, el “Fuero Presidencial”, en esencia, se limita sólo a cuestiones del orden penal, por lo que, no debería en principio, restringir la posibilidad de procesar al titular del ejecutivo por responsabilidad civil ante órganos de esa materia.

Además, en todo caso, que un funcionario público esté provisto de Fuero, no debería ser impedimento para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, a fin de determinar si la conducta que se le atribuye constituye o no alguna responsabilidad civil.

El “Fuero” tiende a proteger la independencia y autonomía de un Poder frente a los otros Poderes del Estado, pero no representa una inmunidad judicial de la persona en sí misma.

Por lo que, si el Presidente de la Nación, con sus comentarios, causa alguna lesión que dañe el patrimonio moral e intangible de las personas, como, sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien, la consideración que los demás tienen de ellas, los afectados bien podrían presentar demanda civil, reclamando la reparación del menoscabo sufrido, de acuerdo al artículo 1916 del Código Civil Federal y, los tribunales civiles, en principio, no tendrían impedimento legal o Constitucional para recibir dicha demanda y darle trámite.

Aclaro que se trata de un tema polarizado que no encuentra unificación de criterios, pero que bien valdría la pena ponerlo en práctica, sobre todo, desde el punto de vista jurisprudencial, al cual, en definitiva, lo enriquecería.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad ¿Hasta la próxima!



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