Educación laica en peligro

Educación laica en peligro

Los verdaderos conservadores de México son las personas y grupos que intentan ponerle fin al carácter laico de la educación pública, cuyos contenidos, argumentaciones y métodos deben basarse en los resultados del progreso científico, establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y debe ser así porque México es un país con diversidad religiosa, y porque a las escuelas públicas asentadas a lo largo y ancho del país concurren niños formados en hogares de distintas creencias religiosas, todas ellas dignas de respeto.

¿Cree usted que ya se acabaron los intentos conservadores orientados a lograr el retorno de la educación confesional a las escuelas públicas del país? Por supuesto que no, esos intentos siguen ahí, moviéndose sigilosamente en busca de su principal objetivo: eliminar la obligatoriedad de la educación laica, que impide al clero y a otros funcionarios religiosos participar en actividades educativas.

Nos toca defender la educación laica y principios tales como el respeto, el diálogo, la justicia y la paz, los cuales son posibles sólo en las escuelas laicas, exentas de religión, y en las que deben aprender a convivir distintas creencias y convicciones.

¿Pero qué sucede al respecto en estados de la República como Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro? Déjeme le cuento que, sin tomar en cuenta el hecho de que los congresos locales “carecen de competencia para legislar sobre contenidos de planes y programas de estudio”, legisladores de las entidades antes mencionadas presentaron iniciativas de reforma en materia educativa, para incluir en las constituciones o leyes de sus estados un supuesto “derecho preferencial de los padres” a decidir sobre la educación de sus hijos y con ello, despojar al Estado de su rectoría constitucional para definir contenidos educativos.

Se trata del cacaraqueado argumento de que los padres tienen derecho a decidir el tipo de educación que debe darse a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas. Sus supuestas bases son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), entre otros.

Para Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se trata de una errónea interpretación del artículo 12.4 del pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece que “los padres y, en su caso, los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Para darnos mayor claridad sobre el tema, Carbonell explica: “Las leyes garantizan diversas libertades, entre ellas la de expresión y opinión en los artículos 6 y 7 de la Constitución, pero esto no significa que el Estado esté obligado a financiar a los periodistas para que éstos tengan un canal de televisión o un periódico. Sucede lo mismo con el Pacto de San José, el cual garantiza el derecho de los padres a impartir educación religiosa, sin que esto obligue al Estado a realizar el trabajo que deben hacer los padres de familia”.

Sobre las maniobras en los estados arriba mencionados, recomiendo leer la columna de Alejandro Encinas Rodríguez, publicada el pasado martes en El Universal bajo el título “Pin parental o Estado laico”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señala que las iniciativas ya mencionadas contravienen “los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al pretender restringir el derecho a la educación pública que prevé la Constitución y los tratados de los que México forma parte”.

Nos recuerda Encinas la importancia del artículo 3 constitucional, el cual “impulsa una educación basada “en los resultados del progreso científico, (que) luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, por lo que no podrá deberse a “convicciones éticas, morales o religiosas”.

Al final, la columna en cuestión manifiesta que dichas reformas “buscan despojar al Estado de su rectoría constitucional para definir los contenidos educativos. Violan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos.”

En lo personal, considero importante tomar en cuenta la advertencia de Encinas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar sin cambio la educación laica, garantizada en el artículo 3 constitucional, fracción I, en los siguientes términos:

“Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.”

Y complementa la fracción II:

“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”



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