Ley de ciencia, en secreto y lejos de la comunidad

Ley de ciencia, en secreto y lejos de la comunidad

CIUDAD DE MÉXICO. - La tarea de la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación es garantizar a la población el derecho al acceso y disfrute de los avances científicos y de la innovación tecnológica. En esencia, normará sobre la ciencia como un derecho humano que viene desde la Constitución. Sin embargo, su diseño y el tránsito que ha seguido y seguirá en los próximos meses han sido en secreto; más allá de una convocatoria a hacer propuestas, la comunidad científica, académica, tecnológica y de innovadores no ha formado parte de su formulación.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) elaboró un anteproyecto, la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México —así la ha llamado— que está en consulta en las diferentes áreas del Ejecutivo federal. La comunidad no participó en su diseño y tampoco lo conoce.

"El anteproyecto todavía no existe para nosotros", informó personal que labora con la senadora Beatriz Paredes, quien encabeza la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta. Será hasta el primer periodo del tercer año legislativo —es decir, en septiembre— cuando la iniciativa llegue al Senado de la República para su discusión.

Este año tiene que salir la nueva ley. Es un marco legal que reglamenta el derecho a la Ciencia que manda la Constitución; en su fracción V expone que "toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura en términos de los dispuesto por el artículo 4".

Científicos y académicos proponen que la nueva ley dé mayor poder a las instituciones, pero un poder distribuido en los niveles de gobierno: federal, estatal y local.

Otra propuesta es que la ley fortalezca los espacios colegiados, autónomos —que el actual Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) ha tratado de desaparecer—; que garantice una política de descentralización; que incremente los recursos a ciencia y tecnología. También piden transparencia y mecanismos de comunicación entre Conacyt y la comunidad.

Los antecedentes en la materia son las leyes de 1985 y 1999; la de 2002, que es la que está vigente, se llama "Ley de Ciencia y Tecnología".

Como antecedente de propuesta está la iniciativa de la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, de 2019, llamada "Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías", que fue muy cuestionada por la comunidad científica, entre otros argumentos, porque desaparecía los órganos colegiados que tienen un papel de consulta y participación, como el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, y los consejos estatales de ciencia. En los hechos, hoy algunos de estos órganos, como el Foro Consultivo, están prácticamente desaparecidos.

Para la nueva ley no ha habido un ejercicio abierto de discusión. A raíz de las críticas a la iniciativa de la senadora Rivera Rivera, Conacyt anunció en 2019 que haría seis foros con la Cámara de Diputados para explorar propuestas, pero no ha hecho claro de qué forma tales discusiones incidieron o no en el proyecto; a comienzos de este año, Conacyt anunció con miras a la ley una plataforma de consulta que estaría abierta hasta el 30 de abril: http://consulta.conacyt.mx. Esta plataforma ya no es accesible, no se pueden conocer las propuestas hechas ahí y tampoco se puede saber si se tomaron o no en cuenta.

La comunidad científica ha emprendido diferentes acciones, una de ellas es la encuesta "Hacia una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación", de la Red Prociencia.

Brenda Valderrama, doctora en investigación Biomédica Básica e integrante de la red, explica que con la iniciativa se han realizado mil 500 cuestionarios. "Nuestra iniciativa se hizo pública en febrero. Hemos trabajado con enorme transparencia, y en contraste, no hay una sola pieza de información de cuál podría ser la postura oficial. Podríamos inferir algunas cosas, pero aún no existe ningún borrador ni una versión de lo que podría ser la postura oficial con respecto a la ley", señala la especialista.

La especialista en Biomédica Básica apoya la idea de cambiar la ley, siempre y cuando se ponga en armonía con otras, como la Ley General de Educación Superior. "Por la inclusión del tema (ciencia) en la Constitución, se tiene que transformar en una ley general. Esa transformación es necesaria y es la oportunidad para repensar cómo queremos hacer la ciencia en México, que se transmita el conocimiento, y cómo se debe financiar en pleno siglo XXI".

"La mejor manera de fortalecer a un aparato científico es con la discusión abierta, crítica, de parte de la comunidad misma", asegura el biólogo Antonio Lazcano, y cuestiona que en lugar de haber dado a conocer el anteproyecto para que lo discuta la comunidad, la doctora María Elena Álvarez-Buylla sigue en su actitud de "incontinencia acusatoria" (la última acusación fue contra la doctora Julia Tagüeña, excoordinadora del Foro Consultivo).

Entre otras propuestas, Antonio Lazcano considera que la ley debe defender los espacios colegiados, autónomos; la garantía en cuanto a libertad de investigación, garantizar una política de descentralización que beneficie a todo el país —hay zonas del país que son un vacío en términos científicos, un vacío que afecta no sólo el desarrollo de esas zonas sino a los jóvenes a estudiantes que si quieren ser científicos no tienen a donde dirigirse—. Otra propuesta para la ley que plantea el científico e investigador Antonio Lazcano es "el incremento del gasto nacional en inversión de ciencia y tecnología que, teóricamente, debe alcanzar el 2% del PIB".

Martin Puchet, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador en la UNAM del Seminario de Investigación sobre Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural, plantea que "se necesita un órgano colegiado en la conducción de la ciencia, donde estén las partes interesadas: científicos, tecnólogos, académicos empresarios, funcionarios especializados en temas de ciencia y tecnología. Conacyt nunca ha tenido un funcionamiento como consejo".

Autor de varios artículos sobre la legislación en ciencia, Martín Puchet sostiene que esta nueva ley tiene que tomar en consideración quién va a trabajar o tomar decisiones sobre grandes problemas que hoy enfrentamos, como el cambio climático y las epidemias, problemas que en 2002, cuando se escribió la anterior ley, no estaban presentes como ahora.

De ahí que, considera, la nueva ley debe dar más poder a los distintos sectores y niveles de gobierno: "Los órganos de gobierno que la ley defina tienen que ser órganos que no sólo abarquen el nivel federal, sino que abarquen todos los niveles de gobierno; que no sólo se considere poderes federales sino de las entidades y los de los municipios. Y que comprenda no sólo a los poderes de la Unión, sino también los órganos autónomos, que son centrales para las actividades de ciencia, tecnología e innovación".

EL UNIVERSAL solicitó a Conacyt el documento del anteproyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación y hasta este lunes la institución no respondió.



MÁS SOBRE Ciencia y Tecnología