Editorial

La citada investigación es iniciada a partir de una denuncia presentada de manera anónima, mediante la cual acusan al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su encargo como Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia de los Jueces del Poder Judicial de la Federación, esto con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Según la denuncia dicha presión la ejerció a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto que los Jueces resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios, políticos, económicos, descripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien, a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa o suspensiones. 

La denuncia también manifiesta que las áreas del Consejo de la Judicatura que fueron utilizadas para presionar a los Jueces y Magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del Magistrado Jaime Santana Turral, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Areli Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los Jueces y Magistrados culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.

Por otro lado, so pretexto de políticas “anti nepotismo”, “necesidades del servicio” o está usando las “acciones afirmativas” en favor de las mujeres, acomodaron sus piezas estratégicamente para tener control de los asuntos más importantes, se dieron primeras descripciones a personas sin experiencia en los Circuitos en los cuales se manejaban los asuntos más relevantes, y donde está en juego la mayor cantidad de capital político y económico como en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, quitando Jueces y Magistrados incómodos para poner otros a modo y cumplir con sus fines corruptos, esto conforme a lo que se establece en la citada denuncia anónima. 

Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos, un ejemplo de los beneficios es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal, propuesta por el Senado en el 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Cordova del Valle y Netzaí Sandoval.

Asimismo, las conductas imputadas a Julio Sherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente de la República, se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas al ex Ministro Presidente Arturo Zaldivar son confabularse para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Todos los hechos anteriormente mencionados y que se encuentran descritos y detallados en la citada denuncia anónima, de acreditarse pudieran configurar la existencia de cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos, enriquecimiento, oculto, conductas previstas como causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Órgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el plano legal, se ha cuestionado si existen o no las disposiciones que permitan realizar esta investigación, o bien, si es procedente iniciar una investigación con base en una denuncia anónima, o inclusive, se ha cuestionado si el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para investigar a un Ministro, así sea un Ministro en retiro. En ese sentido, es importante mencionar que si existe un marco legal que sustente este tipo de investigaciones, los artículos 108, fracciones I y IV, 118, 120, 121 y 122 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Ahora bien, respecto a que sí el Consejo de la Judicatura Federal tiene las facultades para investigar al ex ministro Arturo Zaldívar, la respuesta es no, dichas facultades le han sido conferidas a la suprema corte de justicia de la nación, por ende, con fundamento en los artículos 11, fracción XI y 113, fracción I de la Ley Órgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá copia de la denuncia al máximo Tribuanl para que se proceda conforme a derecho y en su caso se deslinden las responsabilidades aplicables. 

Es importante mencionar que en todos los procesos legales existe el principio de presunción de inocencia, este caso evidentemente no es la excepción, considero que se debe ser cauto al emitir un juicio respecto a la culpabilidad o inocencia del Ministro Arturo Zaldivar y las demás personas mencionadas en la denuncia. Me parece positivo que se haya iniciado esta investigación, contribuye a fortalecer la integridad y confianza de la ciudadanía en las instituciones Judiciales, por ende, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Mtro. Leonardo Abarca Jiménez

Socio Director de Grupo Uno Abogados

Presidente de la Barra Mexicana de Abogados 

En Baja California.