MANAGUA, Nicaragua, 13 de Julio. El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, dio hoy un ultimátum al "régimen de facto" de su país para que lo restituyan en la Presidencia, y advirtió de que en caso contrario dará por fracasada la mediación del gobernante de Costa Rica, Óscar Arias, y procederá "con otras medidas".
Por su parte, el mandatario designado Roberto Micheletti informó en Tegucigalpa, que el sábado podrían reanudarse las conversaciones entre sus negociadores y los del presidente derrocado Manuel Zelaya en un esfuerzo por buscar una salida pacífica a la crisis política de Honduras.
"Estamos listos para otra convocatoria del mediador en el problema (el presidente costarricense Oscar Arias)", dijo Micheletti el lunes en rueda de prensa, tras juramentar en su despacho a Carlos López Contreras como nuevo canciller, en reemplazo de Enrique Ortez.
Desde Managua, Zelaya lanzó el lunes un ultimátum a Micheletti al señalar que "a más tardar la próxima semana" espera su restitución en el poder. De lo contrario, dijo, dará por fracasada la mediación y procederá a adoptar otras medidas, sin especificar cuáles serían.
El mandatario depuesto arribó a Managua la noche del domingo procedente de Washington. El lunes leyó un comunicado transmitido en vivo por la emisora sandinista Radio Ya.
"En virtud del incumplimiento de las resoluciones emitidas por la OEA y la ONU en cuanto al restablecimiento del orden constitucional y el retorno incondicional" de su persona al gobierno "damos un ultimátum al régimen golpista para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José de Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y de la Constitución hondureña"
Agregó el comunicado: "caso contrario, se considerará fracasada la mediación (del presidente costarricense Oscar Arias) y se procederá con otras medidas".
Entre sus críticas, Zelaya alegó que el proceso de diálogo "no debió extenderse más de 48 horas; fue extendido por el mediador por 72 horas" al tiempo que acusó al gobierno de facto de "utilizar" la mediación de Arias "como mecanismo de distracción para prolongar su agonía".
Señaló que durante el proceso de mediación aumentaron los hechos de persecución, uso de la violencia por parte de los militares, expulsión de periodistas extranjeros y allanamientos de viviendas, entre otros, así como sus colaboradores sufren de bloqueo telefónico, órdenes de captura, amenazas de muerte y cancelación e intervención de cuentas bancarias.
Las palabras de Zelaya llegan al tiempo que en Tegucigalpa, Micheletti adelantaba que el gobierno analizaría perdonar los delitos políticos presuntamente cometidos por el líder derrocado, pero no los de carácter penal.
Sobre las pláticas, hasta el momento todas las versiones indican que se realizarán el fin de semana, pero la información no ha sido confirmada ni por Arias ni por ningún miembro de su gabinete a pesar de las reiteradas consultas de la AP.
La primera ronda la semana pasada concluyó sin resultados concretos, excepto el acuerdo de continuar.
Sobre algún perdón al gobernante derrocado, el ministro de Información, René Zepeda, dijo a la AP que "una amnistía de tipo político quizás la podría aprobar el Congreso para beneficiar a Zelaya", pero no aplicaría para cargos penales.
Recordó que el 25 de julio la fiscalía encausó a Zelaya por los delitos de atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpar funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado.
"Atentar contra la forma de gobierno y traición a la patria son delitos políticos", dijo a la AP la portavoz de la fiscalía, Lorena Cálix. "Sin embargo, los otros dos no tienen esa modalidad, son penales".
El fiscal general adjunto de Honduras, Roy Urtecho, dijo el lunes en entrevista con AP que "el Ministerio Público está rotundamente en contra de la amnistía, pero somos respetuosos de la separación de los poderes", aludiendo a que es una medida que le compete al Congreso.
"No podemos dejar impunes supuestos actos de corrupción", destacó.
Explicó que existen investigaciones "previas (al golpe) preliminares de otros hechos que por ley no podemos hacerlas públicas", el alusión al parecer a supuestos actos irregulares en el manejo de fondos estatales.
Para la fiscalía, Zelaya traicionó a la patria cuando convocó a una "consulta popular" para convocar una Constituyente que reformara la ley fundamental, que puede ser modificada con excepción de siete artículos sobre sistema político, soberanía de territorio y reelección, entre otros.
La pena por cambiar el sistema político hondureño oscila de 6 a 12 años en prisión y por traición de 15 a 20.
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