Asesinó y torturó el Ejército a inocentes (Edición Impresa)

MÉXICO, DF, 11 de Julio. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes emitió ocho recomendaciones dirigidas al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, luego de que los visitadores del organismo detectaran que elementos del Ejército Mexicano incurriera en sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan el homicidio de siete personas y actos de tortura.

En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que las violaciones a las garantías individuales acaecieron en municipios de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Sonora.

Según las indagaciones del organismo, en los estados mencionados se cometieron actos de lesa humanidad, entre los que resalta el homicidio de siete personas civiles, entre ellas un menor de edad.

Asimismo, se pudieron acreditar actos de tortura, detención arbitraria, incomunicación y allanamiento de morada, realizados, todos ellos, por efectivos militares, durante operaciones en dichos estados.

“Se realizaron conductas violatorias de garantías fundamentales consagradas en el orden jurídico nacional, entre otras, los derechos a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica de las víctimas mortales y los agraviados”, sostuvo Soberanes Fernández.

Manifestó que, en todos los casos, se trata de hechos trágicos y lamentables por el saldo directo de víctimas y por las consecuencias que cualquier desgracia suele tener en la vida de terceras personas, pero también –dijo porque “se trata de hechos que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando”.

Expuso que a pesar de que la ciudadanía reconoce y aprueba el esfuerzo del Ejército Mexicano en contra del crimen organizado, también “ve, oye y juzga” el actuar de las fuerzas castrenses.

Refirió que “a los justos reclamos de una sociedad cada vez mejor comunicada, no es posible responder con indiferencia o con subterfugios”.

Enfatizó, asimismo, que un Ejército débil y vacilante sólo conviene al crimen organizado, el cual pretende “lograr cambios políticos por medio de la violencia”.

“México necesita un Estado moderno y vigoroso, capaz de imponer el imperio de la ley y de interponerse como escudo entre los criminales y los ciudadanos”, sostuvo.

Acompañado por la Segunda Visitadora General, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Soberanes Fernández destacó que la presencia y participación temporal de personal militar en tareas de seguridad pública es “necesaria para contener el avance y la violencia del crimen organizado en algunas regiones del país”.

De igual modo, consideró indispensable que la Secretaría de la Defensa Nacional despliegue también sus capacidades de inteligencia, que impidan al personal de tropa equivocarse y actuar con fuerza letal en casos en que no lo ameritan.

Luego de reconocer la colaboración y apoyo de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, por su trabajo en el esclarecimiento de los hechos, expresó su pesar a los agraviados y los deudos de quienes “fueron víctimas de terribles abusos, pero también del absurdo de verse arrastrados por hechos evitables”.

Soberanes Fernández puntualizó que el rigor con el que se documenta cada hecho violatorio de derechos humanos no tiene porqué ser del agrado de quienes se apresuran a acusar al gobierno de promover o de solapar un “terrorismo de Estado”.

“Damos un mentís rotundo a esos agoreros que le apuestan al fracaso de la política o al debilitamiento del orden jurídico mexicano o de sus instituciones”, precisó.

En sus Recomendaciones, la CNDH solicita al Secretario de la Defensa Nacional se reparen los daños físicos, psicológicos y médicos de los agraviados; se dé vista a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que se investigue al personal militar que intervino en cada uno de los hechos, por sus acciones y omisiones, así como a quienes trataron de entorpecer las labores de investigación de la Comisión Nacional, y se dé vista al Ministerio Público por las conductas que constituyen probables delitos y, conforme a la ley, se informe a la Comisión Nacional del inicio y la conclusión de las investigaciones.

También se pide que se dicten las medidas para que hechos como los ocurridos no se repitan y se capacite a los elementos del Ejército Mexicano que intervienen en operaciones de seguridad pública, con el fin de que todas las diligencias las practiquen con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.