El viernes señalaba que planteamientos hay diversos -para mejorar en seguridad y justicia- todos sujetos a opinión, réplica y contrarréplica, pero no basados en el apasionamiento que generan los colores sino en las necesidades de la sociedad, que reclama, simplemente, vivir en paz, sin riesgo ni temor.
Justamente en la misma fecha, el posicionamiento de Coparmex por conducto de Roberto Quijano fue más que claro al señalar,“estamos invitando a la autoridad a replantear la estrategia de seguridad pública que ha implementado y en este sentido, si es necesario deben irse los funcionarios que no están resultando.”
Pero ¿quién tiene la última palabra para rectificar el rumbo? ¿El gobernante? ¿Los gobernados?
No hay duda que los resultados son totalmente desfavorecedores para las cuentas alegres que mantiene la autoridad, porque si no fuera así, no estaría la impunidad -ineficacia para esclarecer delitos- en el rango del 87%. Sin embargo, debe precisarse que la impunidad es aun mayor puesto que ante la ineficiencia demostrada no todos los delitos se denuncian y, por lo tanto, los índices de criminalidad ordinaria o doméstica aumentan. No obstante, ahora, la prevención debe verse fortalecida ante la mayor presencia de elementos federales reforzando la lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, aumentar el número de elementos operativos no traerá, por sí mismo, buenos resultados; eso está más que probado y comprobado en Ciudad Juárez -en donde el ‘echar montón’ no ha sido el mejor camino-, sino la delimitación de estrategias puntuales y precisas para combatir la delincuencia.
Pero ¿a quién le corresponde establecer las estrategias? O mejor dicho ¿en verdad se quieren establecer?
El reciente decomiso de doce toneladas de marihuana por parte del ejército es de reconocerse, como también el del pasado enero en el puerto de Manzanillo, donde se incautaron por Aduana más de tres toneladas de efedrina. Pero quedan a deber. Si bien toda comparación podría resultar odiosa, no lo es cuando en otras partes se hace lo que aquí se debería hacer. De mi artículo “Las condiciones” -febrero 2009- transcribo:
“Vea usted una pequeña gran diferencia apenas anunciada antier: Estados Unidos, en una operación que le llevó veintiún meses denominada “Xcellerator”, capturó 750 personas, desmanteló una red que operaba en más de la mitad de su territorio; decomisó casi 60 millones de dólares, una muy importante cantidad de droga, y diversos vehículos, embarcaciones y aeronaves. Antecedentes en nuestro país, de acciones similares con resultados similares, simplemente no los hay. Vamos, ni siquiera en tráfico de menor escala, que permitieran darle seguimiento al ‘burrero’ que es capturado en el aeropuerto local con narcóticos diversos, hasta regresar el hilo conductor a su lugar de procedencia y de allí seguir la pista.”
¿Qué habría sucedido si en lugar de haber decomisado la droga en Manzanillo -no hubo detenidos-, o asegurado al chofer que la transportaba aquí, se le hubiera dado seguimiento hasta el destino final de los cargamentos? Ayer mismo, Colombia anunció la detención de veintiún personas -en el operativo más grande desde 1999-, derivada de una investigación de más de dos años. Es algo que en nuestro país no se ve. Entonces, ¿hasta dónde es real y verídico el compromiso de combatir la delincuencia? ¿No se sabe cómo, no se puede hacer, o no se quiere hacer?
El pasado dos de febrero el Gobernador enfatizaba sobre un ‘nuevo amanecer para Baja California’, precisando “a ese que nos exigen las nuevas y venideras generaciones…hoy ha llegado el momento de las grandes transformaciones para Baja California que…nos obliga a revolucionar los actuales esquemas para poder responder a los nuevos desafíos, a los grandes desafíos que los actuales tiempos nos exigen…”… Un día después, el Presidente dijo que había que trabajar “no para las para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones…”. Y el pronunciamiento de estas impactantes frases obliga a que sean, en primer lugar, autoaplicativas, para que no queden sólo en el mero discurso para la nota del día.
No sólo las nuevas y venideras generaciones están exigiendo ese ‘nuevo amanecer’, sino las actuales, las presentes, las de hoy, las que día a día padecen la mediocridad del quehacer gubernamental, la falta de reconocimiento de la enorme impunidad que prevalece, la falta de acciones ciertas -en los hechos y no en el discurso-, que nos permitan, ahora y para las ‘nuevas y venideras generaciones’, reducir la grosera impunidad del 87% en procuración de justicia, y dejar de ocupar el tercer lugar nacional en delitos cometidos.
Actuar en congruencia para las ‘próximas generaciones y no para las siguientes elecciones’, sería reconocer la falta de resultados en el combate a la delincuencia, rectificar el rumbo, replantear estrategias, recomponer estructuras y, -como dijo Roberto Quijano-, remover a los que no funcionan.
Pero, lamentablemente, no será así. La época electoral le complica a los gobernantes -aún más- la remoción de funcionarios, porque los partidos opositores ‘llevarían agua en su molino’.
Y de seguir como estamos no es pensar en las generaciones ‘próximas, nuevas o venideras’, ni en un ‘nuevo amanecer’, sino en las próximas elecciones, porque la noche seguirá siendo demasiado oscura y el túnel demasiado largo aún. Salvo que se actúe en conciencia y consecuencia, falta mucho para el nuevo amanecer.
Quizá por ello se le haya ofrecido a las ‘nuevas y venideras’ generaciones, y no a las actuales. A pesar de todo, aún se puede.