El fracaso de la Iniciativa Mérida
Acepte o no los condicionamientos de la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano tuvo la habilidad de usar la retórica del nacionalismo para extraer del debate público los temas del escrutinio de la sociedad civil en las políticas gubernamentales contra la delincuencia organizada y la reforma del sistema de justicia militar.
El atraso en estos dos aspectos de la política gubernamental ha sido objeto de recomendaciones por parte de relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Sin embargo, en el ruido levantado por los condicionamientos impuestos por un par de subcomités de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidenses, el fondo de esos problemas pasó a un segundo plano.
Todo parecía marchar bien con el proyecto de ley HR 6028, llamado Iniciativa Mérida para combatir el Tráfico Ilícito de Drogas y Reducir la delincuencia Organizada, destinada a dar una base financiera a la nueva estrategia de cooperación MéxicoEstados Unidos que acordaron los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush.
La iniciativa original presentada por el demócrata Howard L. Berman de California en la Cámara de Representantes propone un plan de fortalecimiento policial y judicial, un reforzamiento de las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas mexicanas y un proyecto de reducción y prevención del consumo de drogas.
Cuando los subcomités responsables de asignar el presupuesto en los comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos revisaron la iniciativa establecieron una serie de condicionamientos para evitar que la ayuda en materia de seguridad tuviera un impacto adverso en la situación de los derechos humanos en México. Las leyes estadounidenses prohíben la entrega de ayuda financiera a unidades militares o policíacas de otros países involucradas en abusos contra esos derechos.
Estos condicionamientos se mantenían en la normalidad legislativa de Estados Unidos y no parecían irritar al gobierno de México.
Lo que pareció inaceptable para el gobierno mexicano fue la decisión del subcomité senatorial para crear un mecanismo de revisión independiente de la política antinarcóticos mexicana, integrado por un cuerpo de organismos internacionales defensores de los derechos humanos que darían su opinión calificada sobre el comportamiento del gobierno mexicano en la materia.
La enmienda establece que México debe demostrar que los casos de violación a los derechos humanos cometidos por soldados y policías son transferidos a cortes civiles, y que las Fuerzas Armadas cooperan íntegramente con las autoridades para procesar y castigar a los soldados involucrados.
El texto de la Iniciativa Mérida establece que si bien existe la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas mexicanas en el combate a las drogas, esa intervención debe de ser de corto plazo, temporal, hasta que las condiciones de seguridad en México se hayan estabilizado. Mientras eso ocurre, sostienen los senadores estadounidenses, el gobierno mexicano debe asegurar que soldados que cometan abusos a los derechos humanos serán enjuiciados en tribunales civiles.
Es evidente que existe desconfianza en el Congreso estadounidense sobre los estándares del gobierno mexicano en materia de derechos humanos. Por esa razón, los subcomités de ambas cámaras establecieron límites al dinero que pueden usar las Fuerzas Armadas mexicanas. La Iniciativa Mérida asigna recursos financieros por 330 millones de dólares a las tareas de prevención del consumo de drogas, 256 millones al entrenamiento policial y 334 millones al equipamiento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.
La Cancillería mexicana ha puesto en duda la aceptación del apoyo antinarcóticos propuesto en el proyecto de ley que ahora se debate en los subcomités de apropiaciones. Como el Congreso estadounidense aún no toma una decisión definitiva sobre el proyecto de ley, aún existe un margen para que el gobierno mexicano pueda negociar la reducción de los condicionamientos que tanto parecen irritarle.
Los grupos de derechos humanos, tanto de los mexicanos como los estadounidenses, han demostrado mayor capacidad que el gobierno mexicano para influir en las decisiones del Congreso estadounidense que tienen que ver con ayuda en materia de seguridad. El gobierno mexicano no ha logrado la misma capacidad de cabildeo, principalmente porque no tiene manera de demostrar que está dando pasos firmes en la investigación de casos graves de abuso contra los derechos humanos y exceso de fuerza militar en los operativos contra la delincuencia organizada.
El punto débil de este intento de escrutinio internacional consiste en que para cumplir con los condicionamientos propuestos, México necesitaría reformar su Código de Justicia Militar y hacerlo compatible con la Constitución mexicana, y ya quedó claro que no desea hacerlo. Tanto el gobierno como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión han desempolvado el discurso nacionalista para argumentar el rechazo a lo que consideran una intromisión en los asuntos internos mexicanos.
Con ese discurso, el gobierno ha logrado desviar el debate hacia el intervencionismo estadounidense y sacar de la agenda de discusión pública, al menos por el momento, los temas de la impunidad de militares violadores de derechos humanos, la carencia de una reforma al sistema de justicia militar y la ausencia de un plan específico para retirar a las Fuerzas Armadas del combate a las drogas.
Quizá el gobierno del presidente Calderón logre evitar este amago de escrutinio internacional, pero ese logro no debería eximirlo de la necesidad de promover reformas legales y de desarrollar sistemas de rendición de cuentas en el uso antinarcóticos de sus Fuerzas Armadas.
jlsierra@hotmail.com
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