FUE PECATTA MINUTA.
Apenas a un año de distancia se nos presenta la oportunidad de constatar que lo que se denunció era fundado y que había más elementos, mayores evidencias, de cuantiosos recursos que manejan las dependencias del gobierno estatal –en este caso el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos y no se destinan al rubro para el que supuestamente están etiquetados.
Para remover un poco las desmemoriadas seseras de quienes quisiesen que esto no se ventile a la luz pública, cito lo que en las Asignaturas “La partida discreta de ISEP”, escribí al respecto, aludiendo al reportaje de José Israel Ibarra González, en cuya nota documentó:
“Irma Martínez Manríquez, secretaria general de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y senadora de la República, fue denunciada anoche ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de administración fraudulenta, informaron Rafael Olivera Ávila, Uzziel Palacios Palacios y Guillermo Estrada Ruelas, integrantes del SNTE, Sección 2.
El motivo es el desvío de recursos por 2 millones 611 mil 331 pesos con 6 centavos de la partida 11031 que otorga el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) al SNTE, Sección 2, para el apoyo de programas de desarrollo de los agremiados. El fraude salió a relucir cuando no coincidió el informe de 18 meses entregado por Martínez Manríquez con la información otorgada por el gobierno del Estado a través del Enlace de Transparencia del Sistema Educativo Estatal. Esto quiere decir que los más de 2 millones y medio de pesos que el gobierno del Estado le entregó al SNTE, Sección 2, nunca fueron mencionados en el informe financiero de la actual legisladora.
Indicaron que este desvío se ejerció durante el 2005 y 2006 a través de diferentes personas como es el caso de Carlos Sánchez y Mario Aispuro Beltrán a quienes se les entregó un cheque mancomunado por un millón de pesos. Asimismo aparece otro cheque a nombre de la primera persona por otro millón de pesos. Otro caso que resaltaron es el de Francisco García Iñiguez, integrante del Partido Nueva Alianza (PANAL), quien recibió 17 cheques de ese dinero. Expresaron que esperan que las reformas que quitarán el fuero a los funcionarios de elección popular cuando están involucrados en fraudes entren en vigor para que se pueda ejercer acción penal contra la senadora”.
El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, aporta abundantes elementos para cotejar el contubernio antes denunciado. He aquí algunos datos de interés público:
- Se detectó retraso en la ministración de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.
- El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California no cuenta con controles suficientes y registros adecuados para hacer frente a peticiones de información específica.
- Las comisiones otorgadas a los trabajadores del ISEP a las secciones sindicales del SNTE, fueron con goce de sueldo sin que tuvieran derecho a ellas.
- El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California no proporcionó los
respectivos contratos por obra y tiempo determinado del personal bajo el régimen de honorarios.
- Se detectaron pagos por concepto de compensaciones y remuneraciones ordinarias a empleados que no fueron localizados en la relación de personal que estuvo activo durante el 2006.
- Se detectó personal por honorarios que en un mismo periodo tenía plaza presupuestal sin existir la autorización de compatibilidad. Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
El reportaje del escándalo, cuyo autor es Antonio Heras, corresponsal de La Jornada, apuntó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en 2006 el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Baja California pagó 47.4 millones de pesos a 195 profesores comisionados a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica Normal. Este desembolso, señaló la ASF, es ilegal, pues las comisiones “debieron ser otorgadas sin goce de sueldo”.
En la revisión de la relación de personal comisionado y la base de datos de las nóminas con cargo al FAEB del ejercicio 2006, integradas por la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de Baja California (DGI) y proporcionadas por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), se observó que 195 empleados del ISEP estuvieron comisionados con goce de sueldo a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de los cuales 190 fueron detectados en las nóminas, lo que generó durante el ejercicio en revisión, 17,089 pagos por un importe bruto de 47,464.3 miles de pesos; sin embargo, estas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo, por lo que se contravino el artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El secretario de Educación y Bienestar Social en 2006 era José Gabriel Posadas Gallego, actual secretario de Desarrollo Económico de la administración del panista José Guadalupe Osuna Millán. Apunta el autor con mucho tino, que el año auditado coincidió con las elecciones federales; el Sistema Educativo Estatal recibió 6 mil 127 millones de pesos del FAEB, y aunque la ASF reconoció que, en general, la dependencia estatal cumplió las normas en la aplicación de dichos recursos, hizo 24 observaciones que involucran un monto de 213 millones 313 mil pesos.
El documento en el cual se basa el reportaje mencionado, contempla varios rubros y una serie de montos erogados, que requieren una revisión y análisis muy detallados para enseguida ser susceptibles de traducirse en un texto más asequible para quienes no entendemos mucho de las cuestiones financieras, pero que a la hora de focalizar las recomendaciones nos percatamos que existen serias irregularidades que pudieran ser sancionadas con responsabilidad penal. Irremediablemente más datos habremos de conocer y revisar en este espacio. Es cuanto.
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