De informes falsos (Edición Impresa)

Sigue la rebatiña en torno no sólo al inminente informe de gobierno sino, sobre todo, a la figura presidencial que algunos observan acotada por el contrapeso legislativo y otros analizan desde la perspectiva de una fortaleza autoritaria como fuente de legitimidad política más allá del aval de las urnas. Lo primero es perentorio: el próximo sábado primero de diciembre contaremos la historia cualquiera que sea el desenlace. Lo segundo, en cambio, es bastante más complejo.

Pese a las tantas turbulencias políticas en las Cámaras federales, ninguno de los textos oficiales sobre “el estado que guarda la nación” ha sido rechazado por el Congreso. Algunas precisiones nada más tras encendidos debates entre los legisladores y los secretarios de Estado obligados a comparecer, durante horas, ante un fuego cruzado pero bien parapetados por sarcasmos, descalificaciones sectarias y el maniqueo tratamiento para situar las polémicas entre la verdad de uno y las denuncias de otros. Pero los informes quedan y los parlamentarios, al igual que los mandatarios, cambian.

Ya conté el episodio de 1988 cuando Miguel de la Madrid se preparó para la “eventualidad” de que no pudiera leer el consabido monólogo por el ruido impertinente de la oposición. Una anécdota, si se quiere, que explica los niveles de intemperancia y también los de resistencia: hubieron de pasar dieciocho años para que, en 2006, un mandatario se quedara en el vestíbulo, ya sin muecas sarcásticas ni gestos de suficiencia, impedido de llegar a la tribuna tomada previamente por sus opositores. El aludido, Vicente Fox, se retiró a Los Pinos en donde leyó un mensaje breve para acusar a los legisladores, sobre todo, por la supuesta inconstitucionalidad de su proceder. ¡Y no dijo una sola palabra acerca del vergonzoso sitio a la sede parlamentaria por parte del ejército y las policías federales!

Por lo general, si miramos en retrospectiva, las impugnaciones formuladas, furiosamente rechazadas por el titular del Ejecutivo y sus operarios, ganan la batalla de la credibilidad al término de los sexenios respectivos y ante el inevitable juicio de la historia. Ni modo que se niegue, por ejemplo, el monumental fraude electoral de 1988 y la consiguiente usurpación de Carlos Salinas, sustento de las explicables protestas de los afrentados a quienes se atemperó con posiciones en el Congreso que ganaron, no sin dificultades, voto sobre voto. Pese a ello, al senador Porfirio Muñoz Ledo, cabeza de la impugnación, le obligaron a esperar el dictamen sobre su caso para extender sobre él la presión y con el propósito, además, de negociar con él... su silencio. Una “perla” de la institucionalidad “democrática”.

Nunca, sin embargo, se había dado un escenario similar que algunos confunden, mañosamente, con una dinámica política explicable dentro de la evolución de una democracia bisoña. Esto es como si el proceso implicara, forzosamente, los festines sectarios armados bajo mil y un chantajes soterrados. ¿O no es suficientemente significativo que los aliados del partido gobernante, el PAN, sean los peores herederos del “viejo” régimen con capacidad maniobrera de altos decibeles? Así, los priístas, en su condición de tercera fuerza a donde fue arrojada por los mexicanos, se divierten de lo lindo como falsos fieles de una balanza cada vez más destartalada. Tal, por donde quiera mirarse, resulta cuando menos inquietante en términos de retroceso institucional.

Debate

En el fondo pervive una amarga sensación: la voluntad superior, la del presidente en ejercicio, siempre se sale con la suya. Esto es: en ausencia de juicios históricos para vindicar hechos y señalar responsables de las catástrofes generales, las políticas se entiende porque las naturales –huracanes y terremotos son fuentes para la exacerbación de los paternalismos, las “palabras mayores” mantienen la preeminencia sobre las actuaciones públicas aun cuando los “sombrerazos” en las Cámaras sostengan su solemne importancia mediática.

La parodia montada contra Luis Echeverría, con saldo de más ruido que nueces a pesar de la utilización del caso también con fines electorales –se revivió, azuzando a la ciudadanía, en vísperas de los comicios de 2006 acaso para desviar los últimos sufragios del PRI al PAN, dejó a la colectividad francamente insatisfecha y al anciano ex presidente le permitió, de nueva cuenta, contar con el mágico oxígeno de la publicidad. Echeverría, como Salinas sobre todo, requiere de la celebridad para equilibrarse mental y emocionalmente. Las denuncias y la exhibición fueron más bálsamos que baldones.

Por lo demás, poco se avanza cuando se acusa a los presidentes y a los ex en consecuencia. Una muestra extrema se dio al término del infortunado mandato de José López Portillo –no el peor pero sí el más señalado acaso por haber enfrentado a un poderoso sector de la oligarquía mexicana con sus políticas estatizadoras, cuando el maestro Ignacio Burgoa Orihuela –lamentablemente sendos personajes han muerto, presentó una seria querella contra el ex presidente demostrando que la manera como había endeudado al país era absolutamente inconstitucional por una razón de fondo: no se tenía noticia plena sobre que los empréstitos hubiesen sido destinados, como ordena la Carta Magna, a inversiones específicas de utilidad pública.

Por supuesto, el maestro Burgoa debió haber ganado el lance. Y ello hubiera implicado, entre otras cosas, que se estableciera algo más que una moratoria: el reconocimiento implícito a que el gobierno mexicano no podría ser responsable por un endeudamiento ilícito, contrario a lo dispuesto por las leyes y, para colmo, asfixiante. El procedimiento sería nulo de origen con todos y los efectos que ello podría causar para alivio del erario público y tragedia de los poderosos acreedores que nos ataron por varias generaciones. Es obvio que un acto de justicia de esta dimensión, dada las correlaciones que se dan en la realidad, no podía derivar hacia la praxis por todas las complicaciones que generaría.

Quizá por ello, para ahorrarse instancias peligrosas, su sucesor, el deplorable Miguel de la Madrid, optó por otro camino: mediando un decreto, a todas luces inconstitucional porque tal no tiene jerarquía sobre la Carta Magna, se facultó a si mismo para contraer nuevas deudas sin necesidad del refrendo legislativo. Y, claro está, la “mayoría” en el Congreso, siempre sesgada y presidencialista, aseguró el trance con un aval reñido con el texto fundamental. Tampoco ello ha sido motivo para fincar las causas judiciales correspondientes.

El Reto

Hora es ya de revisar nuestra historia y definir los alcances reales de los engaños presidenciales. Porque, desde luego, es lamentable que cuanto se rechaza con vehemencia en el plano institucional alcance, pasados los años, rango de verdad histórica aun cuando los actores principales de aquellas tramas opten por lavarse las manos en los rellanos de la impunidad.

Hace unos meses, por ejemplo, el mencionado De la Madrid, en lo que él consideró “un lapsus”, divulgó, a través de la televisión, que él y su partido, el PRI, habían perdido los comicios de 1988. Luego haría aclaraciones al respecto para matizar el fondo de la cuestión aun cuando la versión sobre el particular la había esbozado en otras ocasiones. Una muestra: en abril de 1989, en su casa de Coyoacán, me confió:

La víspera –de las elecciones pasé la noche en Palacio Nacional esperando los resultados. Nunca imaginé que nos rebasarían...

Luego, claro, culpó a quien había fungido como secretario de Gobernación durante el episodio en cuestión: Manuel Bartlett Díaz, el mayor defensor en su tiempo del “presidente fuerte” o del presidencialismo mejor dicho.

La Anécdota

¿Quieren divertirse los amables lectores? Les propongo un juego: revisar los mensajes de los informes presidenciales para tratar de encontrar algunas diferencias. Cuando se cansen de buscar sólo reconocerán haber hallado algunos modismos distintos pero con idénticos argumentos de fondo.

Lo mismo sucede con los mensajes publicitarios de la Presidencia: el mismo corte, las mismas intenciones. Y de allí se agarraron los empresarios facciosos para instrumentar la densa, amarga “campaña negra” a lo largo del primer semestre del año pasado con el presidencialismo como fiel de la balanza desnivelada.

Todo ello sufriría una enorme sacudida en el momento mismo en que el primer mandatario renuncie al monólogo anual y acepte dialogar con los legisladores a la manera parlamentaria. Éste sí sería un cambio estructural. Pregunto a los perredistas radicales: ¿Lo anterior no sería más conveniente que insistir, oficiosa e inútilmente, en negar el hecho consumado de la asunción presidencial?

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