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Benjamin COVARRUBIAS / EL MEXICANO

Plantean ante el Tribunal irregularidades de la CILA

por Alberto VALDEZ / El MEXICANO
8/25/2015 2:00:00 AM
Por sus afectaciones promoverán la anulación del Acta 319
MEXICALI.- Las supuestas irregularidades que se han cometido en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) por parte de la representación me-xicana, al autorizar reducciones en los volúmenes de agua que corresponden a México a través del Río Colorado por medio del Acta 319 que firmó diez días antes de terminar su gestión el expresidente Felipe Calderón, fueron expuestas ayer ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

Esto ocurrió en lo que se llamó “pre-audiencia” con el citado organismo que tiene su sede en Costa Rica y con cuya intervención se busca la realización de acciones que permitan la anulación de dicha acta, por afectar el derecho humano al agua de los residentes de por lo menos tres municipios de Baja California (Mexicali, Tijuana y Ensenada), y directamente a usuarios del Distrito de Riego 014 del Río Colorado, a los que se les recortaron volúmenes sin siquiera ser consultados.

La sesión, en la que representantes de poco más de una veintena de ejidos del Valle de Mexicali y de distintas organizaciones campesinas formalizaron la queja, fue encabezada por Javier Bogantes Díaz, presidente del citado tribunal que, se aclaró, no es vinculante y se limita a emitir veredictos, difundirlos en la comunidad internacional y promueve ante las autoridades involucradas la aplicación del principio precautorio para dejar sin efectos acciones que afecten a los seres humanos, ya que también se ha denunciado la posibilidad de que exista un acta 320 con un contenido todavía más perjudicial.

La pre-audiencia fue atestiguada por los delegados de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, José Luis Hernández y Miguel Lepe Bravo, y contó con la presencia del dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, y los dirigentes de la CNC y la CCI en el Estado, Javier Cital y Rubén Camacho, y sus similares del municipio de San Luis Río Colorado, además de la diputada Cynthia Selene Ruiz Ramos.

Ante reporteros, los funcionarios de gobierno, y particularmente el delegado de la SEGOB, dijo que su presencia en el lugar era para escuchar y conocer directamente el planteamiento de los grupos de ejidatarios, y comentó que el problema sobrevino después de que las autoridades fede-rales del régimen de Calderón Hinojosa, tomaron las decisiones con respecto al tratado de agua sin realizar ningún tipo de consulta, en este caso a los propios ejidatarios que son usuarios y dueños de la gran mayoría de los volúmenes de agua que son enviados desde Estados Unidos a través del Río Colorado.

Max Correa, que es el líder nacional de la CCC, la principal agrupación promotora de la denuncia, comentó que con el acta 319 que se suscribió el 20 de noviembre de 2012, diez días antes de que concluyera el mandato del panista, modificó radicalmente el contenido del tratado original, afectando a la población bajacaliforniana. Admitió que la afectación a los ejidatarios, es porque se les redujo sin previa consulta el volumen de agua que les corresponde para sus actividades agrícolas.

Indicó que la promoción del principio precautorio, es en virtud de que se han propalado con insistencia rumores en el sentido de que existe un acta 320 con un contenido todavía más comprometedor para nuestro país.

“Lo que vamos a proponer, es que se anule el Acta 319, toda vez que no se le consultó a los dueños del agua, a los usuarios, sobre los alcances de este ins-trumento que prácticamente promovió, se firmó y se aprobó el mismo día, sin cumplir los protocolos de la propia CILA. Es muy sospechoso que, a diez días de terminar una administración federal, se decida que la parte norteamericana mantenga las aguas de los ejidatarios en sus acuíferos, en la presa Hoover, y que la guarden hasta el 2017 o hasta el 2025 si fuese necesario, y por ahí se filtra la posibilidad de que exista un acta 320 que todavía sería en condiciones más severas para los intereses de los mexicanos”, señaló.

A la denuncia se adhirieron un total de 25 ejidos del Valle de Mexicali, así como algunas de las organizaciones de campesinos y trabajadores del campo, por lo que en la audiencia estuvieron también presidentes de distintos grupos ejidales, destacándose que se recurrió al Tribunal Latinoamericano del Agua en virtud de que no ha sido acatado un fallo emitido por el Tribunal Unitario Agrario a favor de los usuarios del módulo 5 del Distrito de Riego del Valle de Mexicali.

El presidente del TLA insistió que los veredictos que da ese organismo, no son vinculatorios, y que el siguiente paso es llevar el caso a una comisión científico-técnica para analizarlo. Estimó que para mediados del próximo año, se instalaría la audiencia con el jurado conformado por siete personas, tentativamente en el Distrito Federal, para emitir los veredictos. (jav)

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