La caravana partió a las ocho de la mañana de Río Nuevo y Boulevard Castellón, en las inmediaciones de la Colonia Hidalgo, y culminó en la explanada del Centro de Gobierno, de donde los manifestantes se dirigieron a la sede del Poder legislativo.

Los atendió el diputado presidente del Congreso del Estado, Alfonso Garzón Zataráin, quien les recibió un documento en el cual los inconformes piden a los legisladores hacer uso de sus atribuciones y proceder a la cancelación del Programa de Verificación Vehicular.

En el documento subrayan que este programa no se encuentra debidamente documentado con estudios científicos y resultados técnicos.

Señalan que la contaminación producida por el parque vehicular sólo representa el cinco por ciento de la contaminación ambiental y por lo tanto el programa no se apega a la realidad del Estado.

El documento es firmado por los “asesores” del movimiento, Noé Mario Lugo Márquez y Témoc Ávila Hernández.

Juan Manuel Valenzuela, uno de los líderes de este movimiento, aseguró que van a continuar con las protestas y adelantó que posiblemente realicen bloqueos en distintas zonas de la ciudad, por considerar que el Gobierno del Estado a través de la secretaría del Medio Ambiente y los concesionarios de los centros de verificación, pretenden “atracar al pueblo de Baja California”.

Valenzuela aseguró que ha recibido denuncias de gente que tiene automóviles de modelo reciente, inclusive 2012, que no pasaron la verificación vehicular “y de otros que sí la pasan en algún centro, pero que en otro no”, por lo que considera que existen irregularidades en dichos verificentros.

Otro sujeto llamado Adán Orozco aseguró que ha llevado su vehículo trece veces a la verificación, sin tener éxito.

De igual manera afirman que tienen información de que automóviles que han sido verificados exitosamente en centros de verificación de los Estados Unidos, pero que “no pasan la prueba” en los centros de verificación concesionados a particulares por el Gobierno del Estado en Baja California.