Como autoridad respeta la decisión de cada gobierno, pero no comparte, dijo, que se diga “ya no es el tiempo de los militares” al hablarse del relevo del mayor Magdaleno Vázquez Luis.

“Para mí nunca ha sido, ni dejará de ser el tiempo de nadie. La seguridad pública no tiene tiempos, la segu-

ridad es una actividad interinstitucional (y) que deben de cooperar las autoridades de los tres niveles de gobierno”, destacó.

Ese comentario sobre los militares, resaltó, “salió a una semana después de que aseguramos en Rosarito 169 kilogramos de cocaína”, uno de los resultados que destacó en conferencia de prensa ayer por la mañana.

Ante los resultados obtenidos en dicho Ayuntamiento, “vamos a incrementar nuestras actividades” en esa zona, mencionó Landeros.

Sobre el escolta del alcalde rosaritense Javier Robles Aguirre que tiene un historial delictivo en los Estados Unidos, aclaró la depuración de una corporación policial “es una función de la autoridad del Presidente Municipal, no es una función mía”.

El General Landeros Briseño dio a conocer ayer los resultados obtenidos por el personal militar en últimos cuatro meses, debido a que durante ese tiempo no pudieron informar debido al proceso electoral.

La delincuencia organizada ha tenido pérdidas millonarias de abril a julio de este año, estimadas en 189 millones 211 mil 365 pesos, expuso con gráficas.

Además de una alta disminución en delitos como son homicidios, secuestros y asaltos bancarios, así como la incautación de dinero en efectivo en la Aduana, puestos de revisión carreteros y en el Aeropuerto de la ciudad.

Si se sigue con la misma coordinación y los “funcionarios en turno no politizan la seguridad pública vamos a seguir teniendo resultados excelentes en beneficio de la sociedad”, destacó el Comandante de la II Zona Militar.

El General Landeros consideró es la sociedad el mejor juez para hablar de los resultados obtenidos durante este sexenio en la entidad, tiempo en el que han aceptado las recomendaciones hechas por organismos de los Derechos Humanos.

En la presentación de resultados estuvo el procurador de los Derechos Humanos en Baja California (PDH), Arnulfo de León Lavenant; el subsecretario de Seguridad Pública en el Estado, Capitán Jorge Eduardo Montero Alvarez.