Señaló al comandante José Alfonso Sánchez Acero como instigador y participante en la tortura para que se declararan culpables y “para que sientan lo que sintió la criatura”.

Afirmó que, esposado, lo golpearon en el rostro y en todo el cuerpo, luego lo hicieron tenderse de bruces en el suelo y lo pisaron además de patearlo.

Rafael recordó que la mañana del 3 de junio su hermano le contó que la niña había muerto y que él sugirió llamar a un médico. Más tarde llegaron paramédicos de la Cruz Roja junto con una patrulla de la Policía Municipal.

Después de confirmar el deceso los tres fueron detenidos y llevados al Ministerio Público en la Zona Río para que declararan.

Como era domingo no había personal en la Procuraduría General de Justicia del Estado y pospusieron la comparecencia para el día siguiente.

El martes los trasladaron a la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos, donde continuó la tortura física y psicológica para que reconocieran su culpabilidad en la muerte de la menor y quién de los dos hombres la había violado, aunque ellos ignoraban que hubiera sido ultrajada.

No obstante que una doctora del Servicio Médico Forense (Semefo) en principio afirmó que se trataba de una muerte natural los internaron en la penitenciaría de La Mesa. Durante todo eso tiempo los indiciados carecieron de defensa legal, incluso de la que debieron recibir por oficio.

El 6 de junio Rafael quedó bajo arraigo y finalmente, el 2 de julio quedó libre pero no recibió ninguna constancia de inocencia.

Refirió que cuando sus familiares que residen en la Unión Americana leyeron la nota de la muerte de Zenaida y la detención de ellos llamaron a sus padres que viven en Guadalajara y éstos viajaron a Tijuana para tratar de ayudarlos.

Para concluir insistió en que “no somos ni asesinos ni violadores, y en cambio fuimos exhibidos como tales ante la sociedad, con todas las consecuencias negativas que eso implica, por lo que acudiré a la Procuraduría de Derechos Humanos para exponer esta injusticia”.