En su querella, el ex legislador y ex líder estatal del PRI acusó directamente a Martín Cota Rosales, un funcionario del Departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado; a Julián López, un empleado de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, y al ex diputado Rubén Armenta Zanabia, secretario general del comité estatal del PAN, aunque también pidió que se proceda contra “quienes resulten responsables” y solicitó que se cite “a declarar” al gobernador José Guadalupe Osuna Millán y al secretario de gobierno Cuauhtémoc Cardona Benavides, como supuestos implicados en la misma acción, en tanto que Topete amplió la lista hasta al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa y Rommel Moreno Manjarrez, respectivamente.
Acosta Fregoso y Topete Robles acudieron antes del mediodía de ayer a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad para presentar sus respectivas querellas y lo hicieron acompañados de sus respectivos abogados. Los hechos denunciados quedaron asentados en la denuncia número 637.
En declaraciones ante reporteros, el ex diputado Acosta Fregoso afirmó que existen huellas en la “mala operación” que funcionarios del gobierno del Estado y otros actores políticos de Acción Nacional realizaron para grabar ilegalmente la llamada, manipular la información, y distribuirla a los medios de comunicación.
“Hay una huella muy grande por parte del Gobierno del Estado, en cuanto al delito de espionaje telefónico al diputado Topete y a su servidor. Tenemos detectada la operación, de cómo se hizo. Fue una operación que se hizo a través de la Secretaría de Seguridad Pública, porque en Baja California la única entidad o persona que tiene los instrumentos técnicos para grabar es el señor Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad Pública del Estado”, reveló.
“La misma información fue operada a través del Secretario General del PAN Estatal, Rubén Armenta Zanabia, al editar y distorsionar el contexto de la llamada telefónica y establecer los diálogos por escrito. En la ciudad de México fue operada por una señora periodista que trabaja en la Secretaría de Gobierno. Su nombre es Eneida Zambrano que trabajó mucho tiempo en el periódico Reforma. Luego, en la Secretaría de Gobernación fue operada por una persona de nombre Julio López que fue Diputado Federal y es funcionario de la Secretaría de Gobernación. Tenemos los correos electrónicos donde ésta persona (Julio López) lo transmite a medios nacionales y los mismos se entregaron a la PGR en Baja California”, detalló.
Enrique Acosta aclaró que toda ésta información, además del hecho confirmado por el mismo Jefe de Información de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Martín Cota, quien admitió haber enviado a un medio de Mexicali la grabación, ha quedado constatada en la averiguación previa presentada ante la autoridad federal. También, aclaró que esta información fue entregada por propios integrantes del Partido Acción Nacional, quienes se han mostrado inconformes por los actos de espionaje que cometió el Gobierno del Estado.
“Nosotros nos hemos encargado de corroborar la información que nos han entregado los mismos panistas inconformes y lo vamos a aportar a la averiguación previa. Además solicitaremos un peritaje a la empresa de telefonía móvil que brinda el servicio, para que mediante elementos periciales técnicos se desprenda el sustento de la denuncia”, abundó el denunciante.
El abogado litigante reiteró su señalamiento al Jefe de Información de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Martín Cota ,quien se encargó de difundir el video con los medios de comunicación locales, acto que el mismo Cota Rosales confirmó en una misiva enviada a periodistas y comunicadores.
“La estrategia del Estado fue muy burda, dejó las huellas, y ahora tocará a las autoridades investigadoras determinar la responsabilidad penal y en su oportunidad el castigo que se le debe imponer a los culpables”, puntualizó.
EXIGE INVESTIGACION
Por su parte, después de interponer la demanda, el diputado Elí Topete exigió a la autoridad federal que inicie con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales que violaron la privacidad de sus llamadas telefónicas.
El legislador local exigió que cese la persecución y de espionaje que se cometen en contra de los líderes políticos de oposición al partido en el gobierno, pero que incluso se hace en contra de integrantes de ese mismo partido político (PAN), líderes empresariales y sociales, además de que también se espía a autoridades religiosas y periodistas.
“Cada día recibo más información desde adentro del gobierno que dicen que la lista de espiados es cada vez más larga. Son muchas mujeres y hombres de Baja California a quienes graban y filman, violando su privacidad y poniendo en riesgo la seguridad de ellos y sus familias. Es sabido que varios policías estatales han sido vinculados a la delincuencia organizada y a prácticas ilegales”, abundó.
Topete Robles adelantó que propondrá a su bancada en el Congreso del Estado, que hasta en tanto no asuma su responsabilidad el Gobierno del Estado y que separe de sus cargos a los responsables de esta acción ilegal, la relación de la bancada del PRI con el Ejecutivo del Estado sea suspendida.
“También es de carácter urgente que se cite a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa; al Procurador General de Justicia, Rommel Moreno; al Secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, para que hagan del conocimiento de la sociedad el programa de espionaje del Gobierno del Estado y la lista de los funcionarios, políticos, líderes sociales y periodistas que son objeto de intervención telefónica y video grabaciones”, sentenció. (jav)
