La demanda administrativa pide a la oficina de asuntos internos del Departamento de Seguridad Interior que se investiguen los 11 casos documentados en la demanda y los reglamentos y prácticas de los inspectores para que se apeguen a los derechos constitucionales de las personas.
"Ahora mismo la política del CBP para el público es de que usted no tiene derechos, pero lo cierto es que todas las personas tienen derechos constitucionales", dijo el director de ACLU en los condados de San Diego e Imperial, Kevin Keenan.
El abogado dijo que hay múltiples casos de abusos que no se han denunciado por temor a represalias pero los 11 casos integrados a la demanda son muestra de las actuales prácticas de los inspectores en la línea.
Los abusos recurrentes incluyen "uso excesivo de fuerza, registros corporales injustificados y humillantes, detenciones sin razón, otras repetidas y unas más basadas en identidades equivocadas, así como el uso de la coerción para obligar a las personas a renunciar a sus derechos constitucionales, a sus documentos migratorios y a sus bienes.
El empresario el director de ACLU en los condados de San Diego e Imperial, Kevin Keenan., representante de una multinacional de su país y uno de los 11 casos que incluye a demanda, narró en conferencia en San Diego que una mañana en el 2010 cuando cruzaba la frontera por la garita vieja de Caléxico se le envió a inspección secundaria.
Un inspector de CBP prolongó durante horas la espera, primero para comenzar a revisar el auto de Cuevas y luego buscando por todas partes en el vehículo. Cada objeto que tomaba, lo aventaba a una charola. Cuando pasó tiempo y el agente no encontraba nada, mostraba molestia y comenzó a arrancar el tapiz del piso del auto.
"Le expliqué que estaba dañando mi propiedad después de haber buscado ahí mismo. Por toda respuesta me enseñó las esposas, como ordenando que pusiera mis manos detrás. Le dije que no era necesario y, molesto, me llevó a un cuarto de interrogatorios donde me hizo desnudarme completamente. Realizó otra inspección, presuntamente en busca de armas y después me dejó encadenado a una banca metálica por horas, sin agua ni alimentos", dijo Cuevas.
El chileno pidió, pero no le permitieron hablar con su consulado (el más cercano en Los Angeles) ni con un abogado.
Ya era tarde cuando llegó un supervisor y después de hablar con Cuevas dejó que lo soltaran. Sin embargo el agente que lo había esposado no lo dejó ingresar a California y lo regresó a Mexicali.
Cuevas manejó a Tijuana donde se hospedó en un hotel y ya más tranquilo descubrió que los agentes en Caléxico se habían quedado con documentos personales suyos, de su hijo estadounidense y de su hijastro, como tarjetas de seguro social e identificaciones personales.
A la mañana siguiente cruzaba por San Ysidro temeroso de que el sistema de computación de CBP dijera que no podía cruzar la frontera, pero pasó a San Ysidro luego de que sólo le preguntaron ¿qué llevaba y a dónde se dirigía?
El director regional de la ACLU dijo que como el caso del empresario chileno hay muchos otros que permanecen ignorados porque las personas tienen miedo de represalias luego de casos como el de Anastasio Hernández, que reflejan total impunidad.
