Adicionalmente, que el Congreso envíe atentos exhortos, a los ayuntamientos del estado, para que en el ámbito de sus facultades y con apego a lo establecido en las leyes de la materia, realicen las gestiones conducentes a efecto de convenir con el ejecutivo estatal, el habilitar, una unidad administrativa conjunta, sustentada en la participación eficiente y coordinada de las autoridades de ambos ordenes de gobierno, con injerencia en el transporte Público, con el propósito de que la expedición de Placas , Licencias, Engomados y Tarjetas de Circulación, se expidan de manera coordinada, lo anterior conservando sus respectivas atribuciones de Ley.
La propuesta fue hecha a nombre de los diputados del PRI, del PVEM-PT y PEBC. En la misma se menciona que en materia de transporte Público Municipal, los Ayuntamientos, requieren de mayor coordinación con el gobierno del estado a efecto de hacer más eficiente las tareas de regulación del transporte público y evitar el descontrol de dicho sector.
Los servicios de expedición de tarjetas de circulación, licencias de conducir, expedición de placas y los respectivos engomados se prestan atendiendo atribuciones que actualmente ejecuta el estado por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, atendiendo atribuciones establecidas en la Ley que regula los servicios de control vehicular del estado de Baja California.
Por otra parte, los ayuntamientos realizan cobros relacionados con el registro y baja de las unidades de transporte público, lo anterior con fundamento en la propia ley de Ingresos de cada municipio y del estado, ejecutándose así tareas vinculadas hacia el transporte público.
Considerando que tanto la expedición de los documentos señalados con anterioridad, como los tramites y cobros que lleva a cabo la autoridad municipal, ambos servicios se prestan en domicilios distintos y con diferentes sistemas, existe descoordinación entre ambos órdenes de gobierno en cuanto al desconocimiento de padrones, tanto de registro de unidades del transporte público, como del padrón de choferes.
Lo anterior trae como consecuencia una serie problemática tanto en el control de identificación de las unidades de transporte Público, como en otras vertientes como lo pudiera ser que una persona obtenga licencia de conducir que lo acredita como chofer de unidades de transporte Público, sin que esto sea una realidad, lo que a la postre originara otras problemáticas incluyendo las vinculadas con la seguridad Pública o la comisión de algún delito.
