Lo anterior ocurrió en una reunión que encabezó Pablo Alejo López Núñez, titular de la dependencia, quien afirmó que revisaron los programas del gobierno de la entidad para beneficiar a grupos de la sociedad civil.

Agregó que la constancia es un escrito por el cual podrán deducir, en lo que resta del año, el consumo total de agua potable a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que utilizan para atender a menores, adultos mayores, discapacitados, adictos en rehabilitación y grupos vulnerables.

El funcionario aclaró que se trata de un beneficio que conceden la ley y un decreto que el gobernador emite cada año para que puedan ahorrar una importante cantidad de recursos que destinan a otros rubros de su actividad y así multiplicar el esfuerzo y el trabajo social que realizan todos los días.

Explicó que en el Catálogo están inscritas alrededor de 786 asociaciones civiles y 401 de ellas tienen su domicilio social en Tijuana. Se calcula que entre todas apoyan, en forma directa o indirecta, a cerca de 500 mil personas.

Además, el gobierno de la entidad sigue ampliando sus programas y tratando de obtener más apoyos por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, para llegar a mayor cantidad de pobladores.

Ejemplificó que con la adhesión al decreto del gobernador Osuna Millán dichas organizaciones obtienen descuentos de hasta 75 por ciento en trámites ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tarifa preferencial de 500 pesos en el Colegio de Notarios de Baja California y participación en las convocatorias para apoyos financieros, entre otros.

Los grupos que obtienen ese respaldo despliegan atención a la comunidad en rubros como migrantes, madres jefas de familia, niños en situación de calle, enfermos de VIH Sida, enfermos terminales, discapacitados, educación, cultura y deporte, entre otros. (rmm)