Fue una reforma al artículo 250 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, presentada ante el pleno por el Diputado Laurencio Dado Alatorre en el mes de enero de este año.

Dicha reforma tiene como objeto eliminar el pago de derechos y gastos por concepto de maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje de vehículos objeto de robo, posteriormente recuperado para evitar de esta manera que se atente contra los principios de legalidad y seguridad jurídica en contra de los sujetos pasivos de este delito, al obligárseles a pagar por un servicio que no se generó por una causa legítima imputable al ofendido y que se concibió sin mediar la voluntad de la víctima de este ilícito.

De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, en Baja California el robo de vehículos, es uno de los principales problemas delincuenciales a que se enfrenta la sociedad, generándose en el año 2011, un total de 22 mil 295 robos de vehículos en todo el Estado.

La comisión legislativa analizó y votó la iniciativa de reforma -antes de que iniciara la sesión ordinaria de este martes- en donde se contó con la participación de los Diputados: Abel García Poyato Falcón, en su calidad de presidente, Rosana Soto Agüero, secretaria; así como de los vocales que la integran, Francisco Sánchez Corona, Ricardo Magaña Mosqueda, Marcos Vizcarra Calderón y Laurencio Dado Alatorre, misma que posteriormente será sometida a votación en el pleno en la próxima sesión ordinaria del 3 de mayo.

De esta forma se aprobó que: “tratándose de vehículos robados, recuperados y que ingresen a los depósitos correspondientes, previa comprobación de la propiedad del mismo con documentos oficiales de autoridad competente, se entregaran a la parte legitimada, y si fueron reportados dentro de las primeras 72 horas en que se tuvo conocimiento del hecho ilícito, se exentarán del pago de los gastos, derechos por maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje del vehículo recuperado”.

La Reforma aprobada en la comisión de justicia plantea adicionar un párrafo al artículo 250 del Código de Procedimientos Penales, y en virtud de que en el Estado de Baja California se encuentran vigentes el Código del 19 de octubre 2007 y el Código de 20 de agosto de1989, se determinó procedente la reforma en ambos, esto es el vigente en la ciudad de Mexicali que se aboca al nuevo Sistema de Justicia en el Estado, así como el de 1989 vigente en los otros cuatro municipios, llevando de esta manera el beneficio a todos los ciudadanos residentes en Baja California. (idv)