Noé Martínez, gerente regional de World Vision para Baja California y Sonora, dijo que además de que esta propuesta de ley no especifica su alcance en términos de género y edad, se limita a la protección de los niños y no a una verdadera procuración y permanencia de sus derechos.

Subrayó que la iniciativa carece de mecanismos para ser aplicada, pues no define a las dependencias responsables de su ejecutarla ni la asignación de recursos.

En ese sentido, manifestó que respecto del Programa Nacional de Atención Integral de los Derechos de la Niñez, es preciso definir qué institución será responsable de diseñarlo, ejecutarlo y evaluarlo, así como también establecer los criterios de la coordinación en cada entidad federativa, origen de los recursos económicos con los que operará y rendición de cuentas.

En relación al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Martínez señaló que falta definir qué instituciones lo integrarán, las competencias de cada orden de gobierno respecto de su funcionamiento, la coordinación, el presupuesto para su operación y los mecanismos para evaluar el cumplimiento de sus objetivos.

Referente al Sistema Nacional de Información sobre la Niñez, comentó que es esencial precisar la entidad responsable de éste, establecer los recursos para su ejecución, los criterios para la recopilación de información y la clasificación de la misma especificando edad, sexo, región, entidad federativa, entre otros datos, así como también, señalar los procedimientos para publicar dicha información.

Abundó que es indispensable crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia con autonomía y recursos propios, que equilibre la defensa y representación de niñas, niños y adolescentes frente al Sistema Judicial.

Asimismo indicó que el capítulo de sanciones debe ser más específico en su alcance, pues la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede ser reducida a simples castigos administrativos.

Por todo lo anterior el gerente regional de World Vision exhortó al Poder Legislativo a que, antes de aprobar esta ley, convoque a una consulta con UNICEF, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, programa Infancia de la UAM y los organismos de la sociedad civil que trabajan por niñas, niños y adolescentes de diversas edades y condiciones.

“Es fundamental tener un verdadero sistema que garantice la promoción y procuración de los derechos de la infancia, ya que este sector representa 36 por ciento de la población mexicana, es decir, 39 millones de ciudadanos menores de 18 años” finalizó. (rmm)