En rueda de prensa encabezada por Contreras Luengas y el presidente de Coparmex, Ricardo Thompson Ramírez, ambos aseguraron que la clausura de la planta ubicada sobre la carretera Escénica Ensenada-Tijuana no compete a la autoridad municipal, toda vez que un juicio administrativo no puede estar por encima de uno legal.

“Debemos de promover a México como un país de leyes, sin embargo, el procedimiento utilizado por el gobierno municipal ha vulnerado la seguridad jurídica no solo de Baja California, sino del país”, leyó Contreras Luengas.

Expresó que el sector empresarial está de acuerdo en revisar y verificar a cualquier empresa instalada en Baja California, aunque rechazó el camino seguido por la administración municipal.

“De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el gobierno municipal tomó atribuciones que no le corresponden, por lo que de llegar a instancias internacionales (el caso) seremos sujetos de demandas altísimas que, además del costo económico, tendrá un costo de credibilidad hacia posibles inversionistas incalculable”, expresó.