Se publicó en: Edición impresa
DENVER (AP).— El gobierno federal está expandiendo velozmente un programa que busca recabar las huellas dactilares de todas las personas detenidas para determinar si son indocumentadas, suscitando quejas de gobiernos locales y de grupos activistas.
La iniciativa no ha generado tanta polémica como la Ley de Arizona que penaliza la inmigración ilegal, pero a la larga podría tener mayor impacto, ya que podría llevar a que miles de inmigrantes sean deportados. El comandante policial de San Francisco se negó a cumplir con el plan y el concejo municipal de Washington, D.C., impidió su implementación en la capital del país. La legislatura de Colorado ha comenzado a debatir el tema y varios grupos pro inmigrantes le enviaron una carta al gobernador de ese estado la semana pasada, denunciando que el plan llevaría a muchos inmigrantes a negarse a cooperar con la policía "para no verse metidos en líos de inmigración".
El programa, llamado Secure Communities ("Comunidades seguras"), estipula la toma de huellas dactilares de toda persona que es detenida, y el cotejo de esas huellas con los registros del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional.