Y como los acuerdos alcanzados se dieron a conocer en un comunicado conjunto de forma tan general que deja muchas dudas sobre sus alcances, la mayoría de las fracciones partidistas teme que esté en riesgo la soberanía de México.

En síntesis, esos acuerdos consisten, primero, en minar las organizaciones delictivas atacando su estructura y capacidad financiera; segundo, mejorar la capacitación en seguridad y justicia; tercero, desarrollar una frontera segura; y cuarto, atender de raíz las causas del crimen y la violencia al promover de la cultura de la legalidad y reducir el uso de drogas. Éste último punto incluye la implantación de programas piloto en Tijuana y Ciudad Juárez.

En desacuerdo con la estrategia de Calderón, y particularmente con estos programas fronterizos, la fracción del PRI elabora un documento a cargo de Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión de la Defensa, exdirector de la Agencia Federal de Investigación y excomisionado de la Policía Federal Preventiva, en el cual se dará a conocer un mapa de los principales “focos rojos” del país.

Alfonso Navarrete Prida, exprocurador del Estado de México y encargado del área jurídica de la fracción del PRI, adelanta en entrevista que ese documento contendrá evaluaciones sobre zonas conflictivas como Torreón, Monterrey y zona conurbada, Reynosa y Morelia, entre otras. Se presentarán indicadores como la insuficiente matrícula escolar para los jóvenes, la pérdida de empleos, la violencia intrafamiliar y el nivel de consumo de drogas.

Con ello “no se pretende dar a conocer los índices de delincuencia sino, más bien, cuáles han sido los orígenes del incremento del consumo; abarcar el aspecto social y económico y evitar que nuevas Ciudad Juárez sigan emanando”.

Según Navarrete Prida, desde enero pasado su partido, “al ver que la estrategia implementada por el gobierno federal en Ciudad Juárez era totalmente errónea, decidió hacer esta evaluación y llevarla a la Junta de Coordinación Política para que ésta convoque a la mayor brevedad a una jornada nacional para contar con datos, cifras, proyectos, estrategias y programas que permitan que se genere un consejo que rescate cada comunidad del país y evitar que tengamos varios Juárez”.

En la oficina del diputado Vargas Fosado se confirmó que ese documento –aún inconcluso– contendrá una evaluación de cada una de las comunidades consideradas “focos rojos” de violencia generada por el crimen organizado.

Navarrete Prida explica que durante la década de los setenta la política estadunidense era “la inhibición de la oferta de las drogas, lo cual lo llevaba a presionar a los países productores (de Sudamérica) y a los de transporte (México) con procesos como la llamada certificación”.

Por esa época, afirma, el transportista mexicano sólo se encargaba de cuidar la ruta, y la lucha por ésta provocaba violencia selectiva. “Esto hacía que el narcotraficante buscara solamente quién le podía brindar protección, que le garantizara el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

“Por eso –continúa– los grandes caudillos del narcotráfico en México provienen de estructuras policiacas, eran los que les permitían hacer este tipo de protecciones. Así los comandantes mexicanos se movían en una doble moral, pues mientras presentaban la captura de secuestradores, por otro lado permitían el traslado de la droga hacia Estados Unidos”.

Pero ya en la década de los noventa, continúa el exprocurador mexiquense, la política de Estados Unidos se modificó: “En lugar de irse a tratar de inhibir la oferta de la droga se van a detener el consumo y esto modifica diametralmente el patrón de las organizaciones criminales”.

Este cambio “hace que el pago del producto ilícito que es el transporte de la droga ya no se haga en dinero sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta”.

El legislador priista explica que en esos años el país vivía serios cambios demográficos, como la transición de una sociedad rural a una urbana, y con problemas de falta de empleo motivados por un modelo económico que no daba respuesta a la juventud.

Agrega: “Este elemento, el de la droga que se le está pagando al transportista, generó que éste tuviera que coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios, quienes al tener un nuevo elemento que vender evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio, por la plaza, y no por la ruta. La consecuencia inmediata fue el aumento de la violencia”.

Política impuesta

En cuanto a los objetivos de inhibir la oferta de la droga y detener su consumo, Estados Unidos siempre ha presionado a México para que no deje pasar estupefacientes a su territorio. Por eso el diputado Navarrete Prida, en nombre de su fracción, dice que todo lo que ha hecho el gobierno de Felipe Calderón, como el inicio de una “guerra” contra los cárteles, ha sido dictado por Estados Unidos.

“La decisión estratégica (de México) para enfrentar el narcotráfico ha sido la misma; la lógica de los programas, la lógica del gobierno, la lógica en que está concebida la Procuraduría General de la República, la SIEDO y todas las unidades de lavado de dinero, han sido únicamente para evitar ese trasiego de droga hacia Estados Unidos, nunca para evitar el consumo en nuestro país, para disminuir la violencia o para aminorar la fuerza de los cárteles de la droga”.

El entrevistado acusa a Felipe Calderón de buscar la permanencia de su partido en el poder “quedando bien” y siguiendo las política impuestas por Estados Unidos en el combate al narcotráfico:

“Desde un inicio el PRI enunció que la estrategia del gobierno federal era errónea porque vinculó esa cruzada donde declararon una guerra al crimen organizado para quedar bien con los estadunidenses; vincularon la permanencia del régimen (panista) al éxito del régimen, a la política policial antidrogas. Consideran que si se les critica, es una crítica a su régimen. Pero toda la política del actual gobierno y del pasado ha sido con miras a atender la demanda de Estados Unidos”.

Con sorna recuerda los anuncios publicitarios del gobierno federal cada vez que realiza un decomiso de droga, los cuales terminan con el eslogan: “Para que la droga no llegue a tus hijos”. En realidad, dice Navarrete, es para que la droga no llegue a los hijos de los estadunidenses. Ahora, sostiene, el gobierno quiere vender la hipótesis de que la violencia a crecido en el país porque tan duro a los cárteles en el traslado de la droga, que ahora se tienen que dedicar a diferentes ilícitos.

“Esa hipótesis es absolutamente falsa; lo que se abrió fue un nuevo nicho, tan potencial como 100 millones de mexicanos dentro del mercado del consumo, sobre todo los jóvenes, sin que haya una política gubernamental coherente para hacer frente al fenómeno, y al gobierno todo esto le ha valido”, acusa.

El pasado 24 de marzo, al fijar la posición de su fracción sobre el encuentro binacional de alto nivel, Navarrete Prida reclamó:

“Qué pena que el gobierno norteamericano venga a decirle al gobierno mexicano que su estrategia para el combate al crimen organizado al interior del país está equivocada y que requiere de medidas que van más allá de la respuesta policiaca, cuando aquí en México se ha señalado con toda claridad que la misma debía replantearse, pero hasta que el gobierno norteamericano se lo dice, se asume como compromiso”.

Que quede muy claro, dijo el priista, por qué ha sido tan elogioso el gobierno de Estados Unidos con el de Felipe Calderón: éste ha cumplido totalmente con la exigencia de combatir el contrabando de drogas hacia allá, en detrimento del combate al consumo en el país. “El elogio nos ha costado pérdidas de programas, acciones, presupuestos a favor de comunidades”, enfatizó en aquella ocasión.

En la entrevista, el diputado añade que al dedicarse el gobierno de Felipe Calderón a atender las exigencias del país vecino, México ha dejado de atender su enorme problema de salud y todos los derivados de la actividad del narco, como la creciente violencia.

Que informen

La visión de que “la guerra” emprendida por Calderón es impuesta desde Estados Unidos es compartida por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados. Desde la tribuna, el pasado 24 de marzo El legislador de ese partido por Durango, Marcos Carlos Cruz Martínez, calificó a la Iniciativa Mérida como un fracaso y especificó:

“La confrontación abierta de las instituciones del Estado con el crimen organizado fue una política impuesta al gobierno de Calderón desde la Casa Blanca, obedeciendo a los intereses de protección de Estados Unidos y no como un asunto de seguridad interna”.

Sostuvo que “según cálculos del gobierno estadunidense, durante los primeros 24 meses de la presidencia de Calderón, el gobierno mexicano gastó aproximadamente 7 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico, por lo que el gobierno debería exigir una indemnización de daños y no sólo resignarse obedientemente a la supervisión y al regaño de la potencia norteamericana”.

La misma cifra sobre el costo de la guerra de Calderón contra el crimen organizado ofreció, también en la tribuna, Alberto Cinta Martínez, diputado por el PVEM, uno de los partidos aliados del PRI:

“Estamos en un estado de guerra: 17 mil muertos; Ciudad Juárez, ‘la ciudad más peligrosa del mundo’; 7 mil millones de dólares gastados; asesinatos a servidores públicos; percepción generalizada de inseguridad; muerte de civiles inocentes; migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Tan sólo de Ciudad Juárez emigraron 100 mil ciudadanos hacia el vecino país el año pasado”.

Los partidos opositores criticaron la mencionada reunión binacional por considerarla una imposición, pero también porque temen que sus acuerdos impliquen una pérdida de soberanía.

Navarrete Prida, luego de enumerar los cuatro acuerdos surgidos del encuentro entre funcionarios de ambas naciones, y poniendo énfasis en los programas piloto de Tijuana y Ciudad Juárez, cuyos alcances se desconocen, advirtió que “lo grave de esta situación es que aquí el riesgo es la soberanía nacional”.

Entrevistado aparte, coincidió en este punto el diputado Jesús Zambrano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y vicecoordinador de la fracción del PRD.

Él considera que el mensaje verdadero de la reunión binacional no fue el contenido de la conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sino que “está en el calibre de los funcionarios del más alto nivel de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque ellos sólo acuden a países o zonas que representan una amenaza real para los intereses de nuestros vecinos del norte. Además, lo que se ofreció como resultado de la propia reunión son sólo generalidades, envueltas además en (...) sospechas de hasta dónde se pudo ceder parte de nuestra soberanía”.

Zambrano enfatiza que Estados Unidos “hasta que ve en riesgo su seguridad nacional actúa. Por eso, la gran pregunta y sospecha tiene que ver con el planteamiento, propuesta o pretensión de dar órdenes del gabinete de Estados Unidos al mexicano. Imponen su propia estrategia y por eso llama la atención la generalidad con que anuncian los acuerdos”.

El perredista tiene “la sospecha fundada” “de que tomaron decisiones que tienen que ver con abrir la puerta a la actuación de las fuerzas extranjeras en nuestro país, aunque sea veladamente o encubiertamente, poniendo en riesgo nuestra soberanía”.

Para esclarecer los alcances de los cuatro acuerdos, el PRD presentó un punto de acuerdo que la Mesa Directiva turnó el 25 de marzo a la Junta de Coordinación Política, a fin de que llame a comparecer “de manera urgente” y ante el pleno de la cámara a los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, además del procurador general de la República.

El objetivo es que dichos funcionarios “expliquen lo sucedido y los alcances de los acuerdos (de la reunión binacional)… así como las acciones a seguir en esta guerra contra el narcotráfico, jamás consensuada con los integrantes del Estado Mexicano”, según el documento, que se programó para su discusión en la Junta de Coordinación Política el 5 de abril.

Al igual que al PRI, el PT, el PVEM, Panal y Convergencia, al PRD le llama la atención el punto cuarto, relacionado con los programas piloto que se pretende implantar en Tijuana y Ciudad Juárez.

“Se habla de programas sociales, pero queremos que vengan y nos expliquen los términos: quién los va a operar, con qué recursos. Tememos que de repente aparezcan los viejos programas en que se pedía la incursión de la CIA para meterse en países latinoamericanos o los más pobres del mundo, por eso exigimos una explicación y para estar atentos de que eso no suceda”, advierte Zambrano.

El Partido del Trabajo, a través del legislador Enrique Ibarra Pedroza, llamó la atención sobre el punto de que “en aquel país sería impensable involucrar a los militares en actividades relacionadas con el narcotráfico. Para hablar claro, el ejército norteamericano es una fuerza de ocupación en Estados fallidos que resuelve, por el uso de la violencia, los problemas que considera que los gobiernos de otros países son incapaces de resolver y ello siempre ocurre en un contexto de cesión de soberanía”.

Navarrete Prida dice sobre el tema del programa piloto que en su partido existen dudas si ello conllevará una pérdida de soberanía y una intervención clara del gobierno estadunidense en la elaboración de programas sociales. “Eso se interpretaría, porque a final de cuentas lo que le interesa al gobierno del vecino país es la seguridad de sus fronteras”, puntualiza.

Cita el caso de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA asesinado en México en 1985, y la Operación Casa Blanca, realizada de 1995 a 1998 por el gobierno estadunidense en territorio mexicano: “En ninguna de esas investigaciones le avisaron al gobierno de México lo que hacían. Entonces, claro que hay dudas”.

Justamente para evitar que estos programas piloto se enfilen hacia una violación de la soberanía mexicana, concluye Navarrete Prida, el PRI evalúa los focos rojos, impulsará programas sociales que ataquen de origen el consumo de drogas, la violencia y la participación de la gente en el crimen organizado; todo con el fin de llevarle la delantera a los mencionados programas piloto.