Conductas todas del alcalde y funcionarios, dijo, que apuntan más que a solapar la conducta del diputado González Ortega, a proteger el proyecto político detrás del cual está el presidente municipal, el síndico y el presidente del Partido Acción Nacional a favor del proyecto de Raúl López Moreno. Es un caso evidente del uso del poder para pasar por encima de la ley con fines político-partidistas, acusó el legislador del PRI a nombre de sus compañeros y del diputado verde ecologista.

Al margen de las consecuencias penales que pudieran desprenderse en todo este asunto, ponen en evidencia la cadena de impunidad que existe en las esferas gubernamentales del Estado y municipio, y ante ello, advirtió Acosta Fregozo en tribuna, se tratará de decir que es un tema que no debe politizarse, que se aprovecha la situación para desacreditar a un honorable miembro del Partido Acción Nacional, pero estamos convencidos, agregó, que de no hacerse, contribuiría a demeritar aún más el trabajo legislativo.

Dijo que el video-escándalo que protagoniza el diputado González Ortega, refleja la actitud por demás descompuesta de un miembro distinguido, por lo menos lo era, del Partido Acción Nacional. Reconoció que el PAN haya exigido a su diputado que pidiera licencia, pero consideró que se quedaron cortos al ignorar el hecho de la desaparición del parte del policía municipal involucrado.

De no haber existido el video, agregó, la cúpula gubernamental hubiese ignorado o tal vez como presumiblemente pasó, desaparecido toda prueba incriminatoria.

Luego dijo que el síndico procurador David de la Rosa, hermano del presidente del PAN Andrés de la Rosa, tiene que ser llamado a cuentas y explicar por qué permitió toda una cadena de irregularidades. Dijo que existe una omisión pues la autoridad municipal detuvo en flagrancia, conoció del ilícito, pero misteriosamente nunca puso el asunto a disposición de la autoridad competente.

Pero además, dijo citando el contenido del video, existe la presunción de la desaparición de pruebas, con lo cual se incurre en responsabilidad penal.

No es la licencia del diputado el asunto a tratar, dijo Acosta Fregozo, momentos antes de que se votara el permiso a González Ortega, lo es la desaparición de pruebas, el ocultamiento de hechos y la impunidad con la que se pretende manejar el tema. Luego exigió que se abra una investigación respecto a quién ordenó la desaparición del parte informativo, quién dio la orden de dar carpetazo al asunto y el que ahora, tras la aparición del video, se tratan de lavar las manos y evadir toda responsabilidad gubernamental.

Víctor González Ortega podrá ya no ser diputado, pero ahí no concluye el tema, se debe investigar a quienes ordenaron y torcieron la ley y los procedimientos para proteger al hoy desaforado diputado, insistió Acosta Fregozo.

Citó enseguida declaraciones del alcalde Rodolfo Valdez, quien dijo que en el caso del diputado se aplicó el criterio y que se le dejó ir, lo que llevó al diputado Acosta a señalar que el alcalde se atribuyó funciones de Ministerio Público que no tiene, para torcer la ley.

Demandó que el alcalde explique por qué ordenó atención especial al diputado; al director de seguridad pública por qué ordenó la desaparición del parte informativo y al síndico procurador por qué fue omiso ante evidentes violaciones a la ley y procedimientos de varios funcionarios municipales. No basta con la licencia del diputado, hay que saber qué se hará con todos los que ordenaron borrar evidencia, dijo el diputado, para luego pronunciarse por el juicio político contra el alcalde Valdez Gutiérrez y el síndico David de la Rosa.

Citó incluso el caso de una sobrina de un senador de la república, que se vio envuelta en un escándalo, donde sí intervino el ministerio público del fuero común primero y luego la PGR. Por qué antes sí y ahora no intervino la autoridad, cuestionó, para insistir en que en el fondo el alcalde busca proteger el proyecto político que tiene a favor del precandidato Raúl López Moreno, del cual el diputado González Ortega forma parte pues un hermano suyo es candidato a síndico en esa planilla.

MEXICALI.- El Congreso del Estado, en periodo extraordinario, concedió licencia temporal, del 20 de marzo al siete de abril, al diputado Víctor González Ortega, quien dijo va a aclarar su situación como ciudadano que, reiteró, no pasó de haberse tomado unas cervezas de más, no aceptó ni consumir ni traer drogas ni armas.

Su suplente Jazmine Hernández Flores tomó protesta y asumió el cargo, mientras el diputado Carlos Alon-so Angulo Rentaría fue nombrado

como nuevo presidente del Congreso para lo que resta del mes.

González Ortega ha sido señalado por un policía de municipal de estar totalmente ebrio a bordo de una camioneta oficial del Congreso y de traer consigo drogas y armas, al ser revisado frente a su domicilio en hechos ocurridos el 21 de febrero, luego que el legislador participó en la Cabalgata del Bicentenario, promovida por el Congreso, una marcha a caballo que se organizó por los 200 años de la Independencia Nacional.

El diputado ahora con licencia dijo que pondrá las cosas en claro, que en el término de los 15 días hábiles pedidos de licencia hará las aclaraciones que sean necesarias sobre las imputaciones que le achacan, lamentó los hechos en que se ha visto envuelto, pidió disculpas públicas sobre su conducta, pero reiteró que su único exceso fue haberse tomado una cervezas de más y negó cualquier otro hecho.

Evitó extenderse en más explicaciones. Pidió comprensión por la situación personal que trae encima y por razones de familia, pero anunció que una vez aclarada su situación, estará de regreso en el Congreso para dar la cara. Fui yo y nadie más, dijo, quien decidió pedir licencia y lo hizo ante el Partido y ante ningún otro. Defendió su trabajo de más de 20 años como militante del PAN y también lamentó que su conducta haya manchado al Partido y al Congreso.

El periodo extraordinario fue exclusivamente para autorizarle licencia, llamar a su suplente quien tomó protesta y reestructurar la Comisión Permanente que opera en los meses de receso de febrero y marzo.

La nueva directiva colocó a Carlos Angulo Rentería, del PANAL como presidente, a Catalino Zavala como secretario y en las vocalías a Miguel Angel Castillo, Juan Macklis Anaya y José Alfredo Ferreiro Velazco.

MEXICALI.- Al incurrir en un delito de orden federal y faltar al respeto a las instituciones, el diputado Víctor González Ortega debe ser sometido a juicio político, para que se le aplique la sanción que impone la ley, además de que deben investigarse el comportamiento que tuvieron autoridades municipales en su intento por cubrir los ilícitos cometidos por el legislador panista.

Así lo consideró René Adrián Mendívil Acosta, presidente del comité

directivo estatal del PRI, al advertir que “es insuficiente” la licencia para separarse temporalmente del cargo, solicitada por el hasta ayer presidente del Congreso del Estado, quien en días pasados fue detenido por agentes preventivos municipales en estado de ebriedad y en posesión de una fuerte cantidad de cocaína.

El dirigente priísta fijó ayer su postura en torno al escandaloso caso de González Ortega, que fue puesto al descubierto a través de un trabajo periodístico realizado por nuestro compañero reportero Víctor Islas Parra, y que motivó la remoción del legislador del cargo de presidente de la Comisión Permanente y la solicitud de una licencia para separarse del cargo de representación popular.

En un comunicado de prensa, Mendívil Acosta recordó que al citado legislador, además de haber sido detenido en estado de ebriedad y en posesión de drogas, también ha sido denunciado de haber utilizado su oficina para fiestas y borracheras, “por lo que se le debe someter a juicio político, aplicándole la máxima sanción que la ley impone por no haber sido digno representante de los bajacalifornianos”.

“No es suficiente la autorización de licencia”, expuso el presidente del CDE del PRI, y agregó: “Se le debe investigar porque aparentemente cometió un delito del orden federal, y el hecho de no haberse cumplido con la normatividad, implica una delicada omisión donde las autoridades municipales se ven involucradas”.

“Es un hecho muy delicado, que el presidente municipal, Rodolfo Valdez, a través de su director en funciones de la policía municipal, Luis Felipe Chang Baltazar, ante el flagrante delito del orden federal, en lugar de consignarlo al ministerio público federal, lo dejó en libertad”, dijo Mendívil, según el despacho de prensa.

“Además, el Síndico Procurador David de la Rosa, hermano del dirigente estatal del PAN, Andrés de la Rosa, negando el llamado de este último a la transparencia y compromiso con el trabajo responsable, en una acción totalmente sospechosa, en lugar de esperar el desarrollo de los delicados acontecimientos, ni tardo ni perezoso se adelantó a suspender al policía que cumplió con su deber levantando el parte correspondiente, y lo hizo afectando a su familia, supuestamente porque se le han acumulado algunas actas administrativas en su contra”, añade el mismo comunicado priísta.

“Es muy grave esta evidente colusión de funcionarios para evadir la ley, donde incluso el propio presidente municipal, en sus declaraciones minimiza la gravedad de los hechos cuando afirma que en el caso del diputado González Ortega ‘se aplicó el criterio y se le dejó ir porque estaba frente a su casa’”, continúa el comunicado, en el que se señala que incluso el alcalde Valdez Gutiérrez trató de ignorar el contenido del video presentado en la emisión de “Café Político” que conduce Islas Parra, en el que el propio diputado Víctor González reconoce ante los agentes policíacos tener en su poder cuando menos un envoltorio de cocaína.