Doce Estados del país: Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Quinta Roo, Nayarit, Agua Caliente, Baja California Sur, Durango, Querétaro, Colima, Chihuahua y Zacatecas, aprobaron la reforma a este artículo por unanimidad, excepto Quintana Roo, donde fue por mayoría.

La reforma incluye la creación de órganos especializados en el tema, para elevar el valor de la información que se proporcione a los ciudadanos y además se contempla dotar a estas instancias de autonomía operativa, de gestión presupuestaria y decisión, y para hacerse efectivo se requiere contar con la aprobación de 17 Estados a más tardar a principios del julio y es muy posible que salgan sin la aprobación del Congreso de Baja California, pero sería un mal precedente en el estado, consideró Laura Silvan, de la “Campaña Todos Tenemos que Ver”, que promueve Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA).

Informó que desde finales de abril, la Cámara de senadores envió un oficio a los Congresos de todos los Estados, solicitando la aprobación o rechazo del proyecto, pero aún en Baja California no se ha tenido respuesta, por eso expuso la necesidad de que los diputados revisen esta propuesta de reforma e incluso que la consulten con sus representados para darle más difusión y ciudadanizar el proceso de reforma.

Dijo que esta reforma puede beneficiar de manera importante el derecho de Acceso y Transparencia de Información Pública, ya que el Consejo Ciudadano, creado ex profeso no cuenta con recursos para hacer su trabajo, ni siquiera con una oficina y la Unidad Concentradora de la Información depende del ejecutivo estatal, lo que le puede restar imparcialidad al cumplimiento de la ley al respecto.

Explicó Laura Silvan, que con esta reforma se propone adicionar un segundo párrafo con siete fracciones al artículo Sexto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado por unanimidad el 6 de marzo por diputados federales y el 24 de abril por senadores, procediendo posteriormente a solicitar a los congresos locales el correspondiente análisis y aprobación en su caso.

Las reformas al artículo Sexto Constitucional representan un avance importante ya que permite homologar la heterogeneidad actual de las leyes estatales, algunas de las cuales no ofrecen las garantías mínimas que deben reconocerse como derecho para todos los ciudadanos mexicanos en cuanto al acceso y la transparencia de la información pública y que en algunos Estados parecían garantizar, mas bien, la opacidad, dijo.

“Esta reforma permitirá garantizar que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal sea pública y solo pueda ser reservada temporalmente de manera excepcional por razones de interés publico, esto en caso de que existan circunstancias en que la divulgación de la información pueda afectar un interés publico valioso para la comunidad”.

La limitación universal que se establece, dijo Silvan, es la que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos.

Tampoco se debe condicionar el ejercicio del derecho de acceso a la información ni debe estar sujeta a requisitos de identificación, ni acreditación de un interés ni, tampoco justificación de sus posterior utilización. Es decir, en esta propuesta de reforma se establece que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos sin tener que acreditar interés alguno o justificar su petición.

Para el caso de Baja California, quizás la contribución más importante que ofrece esta reforma constitucional es el establecimientos de órganos especializados autónomos en su operatividad, en su gestión presupuestaria y decisión. Estos organismos actuarán de manera profesional y objetiva para valorar que los mecanismos de acceso y los procedimientos de revisión se lleven cabalmente y evitar así que las respuestas a los procedimientos respondan a consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad.