El procurador Gamil Arreola Leal, en entrevista, informó que en coordinación con la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno estatal, ya se revisó el caso y en los próximos días se interpondrá un recurso de revisión.

"Creemos que es una resolución poco afortunada. En nuestra opinión, consideramos que existen elementos suficientes que desvirtúan los elementos del juez. Ya se analizó el asunto y estaremos en coordinación con la dirección de Patrimonio Inmobiliario para interponer el recurso de revisión correspondiente", señaló.

Indicó que existe un plazo de diez días para ello, y posteriormente el caso recaerá en los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito quienes resolverán la actuación del juez de distrito que otorgó el amparo.

"Creo que hay elementos por demás suficientes, jurídicamente hablando, de que sí, esa resolución puede ser modificable porque hay situaciones que el juez de distrito no consideró. Fue omiso y es una situación que debe ser considerada por el Tribunal Colegiado", añadió el funcionario.

Arreola Leal mencionó que si bien existía una autorización del Congreso local para la venta de los predios propiedad del gobierno (de los que se acusa a Agúndez de enajenar en favor de un particular) ésta autorización no puede abarcar para bienes de dominio público.

"La autorización del Congreso, en opinión de la procuraduría, está por encima de la Ley y no puede ser validada para que se hayan enajenado esos bienes inmuebles".

El funcionario reconoció que han existido críticas sobre la actuación de la Procuraduría por la integración de la averiguación previa, y sostuvo que la dependencia actúo conforme a derecho.