Mediante un comunicado publicado en su portal de internet, la firma ibérica destacó que el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas actuó de manera arbitraria y decretó de manera unilateral el rescate de la concesión otorgada en 2008 a la filial "Autovías concesionadas OHL SA de CV".
De acuerdo con el texto de la empresa, el proceso jurídico pretende "proteger sus intereses legítimos y los de sus accionistas frente a la decisión del Gobierno del Estado de Puebla, que decretó el rescate de forma arbitraria, afectando los derechos adquiridos por OHL México y una inversión ya realizada de 650 millones de pesos, cifra que habrá que actualizar conforme a lo establecido en el propio Título de Concesión".
Hasta el momento, ninguna autoridad local ha emitido una réplica ni fijado una postura sobre el caso, aunque el pasado 10 de mayo el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla, desechó la posibilidad de indemnizar a OHL pues simplemente incumplió con los tiempos de ejecución de la obra.
Recapitulando, es preciso recordar que en marzo de 2008, el gobierno de Marín Torres otorgó a "Autovías Concesionadas" -subsidiaria de la firma OHL- la concesión para diseñar, construir, explotar, operar y conservar la autopista identificada como Libramiento Norte por un periodo de 30 años, por lo que la concesión expiraría en 2038.
La mega obra de 31.5 kilómetros de extensión solucionaría el congestionamiento de la carretera México-Veracruz por lo que conectaría directamente a la autopista Puebla-Perote.
De acuerdo con el convenio modificatorio signado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Valentín Meneses Rojas y los representantes de la firma ibérica -mismo que está publicado en el portal de internet de OHL- el gobierno de Puebla asumió la obligación de obtener la liberación de derecho de vía de los 31.5 kilómetros necesarios para construir el Libramiento Norte y a cambio la empresa constituyó un fideicomiso por 55 millones de pesos.
Este mismo documento da la facultad a la empresa de exigir una indemnización por 654 millones de pesos por la suspensión del contrato, sin embargo, el gobierno local aseguró en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado que todos los convenios modificatorios también fueron cancelados.
