La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que junto con Agúndez Montaño fue presentado el ex secretario de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, de 55 años, originario de Camargo, Chihuahua, ambos acusados del delito referido.
La detención y presenta-ción de Agúndez Montaño y su ex secretario de Gobierno fue revelada por la PGJE en un comunicado, en el que se informó que el ex gobernador y su ex secretario de Gobierno ingresaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz.
La detención del ex funcionario se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de donde fue trasladado en avión durante la madrugada de hoy.
Al respecto, el titular de la Procuraduría estatal, Gamill Arreola, aseguró que gracias al trabajo de elementos de investigación de la Policía Ministerial de Nuevo León se logró la aprehensión.
Esto fue a solicitud del agente del Ministerio Público del Fuero Común, derivado de la causa penal del expediente 096/2012, “la averiguación previa inicia con la denuncia interpuesta por el arquitecto José Refugio Carrillo Sánchez”, ase-guró el procurador, la víspera.
De acuerdo con los primeros informes, Agúndez fue trasladado en un jet privado a La Paz, e inmediatamente fue fichado y presentado en el Cereso de la ciudad. Se encontraba fuertemente custodiado y ataviado con un chaleco antibalas.
Desde las primeras horas de este día, el ex mandatario permanece internado en el Centro de Readaptación Social de esta capital.
El ex gobernador será presentado ante un juez para seguir con el procedimiento penal.
El director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del gobierno del estado denunció y ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito, dentro del cual se hace la narrativa de los hechos que se estiman delictuosos.
Los sucesos denunciados se relacionan con la enajenación en febrero del 2011 de siete bienes inmuebles, localizados en el fraccionamiento denominado “El Pedregal”, ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.
Estos terrenos originalmente se dieron en donación al gobierno de Baja California Sur, a efecto que los mismos fueran destinados exclusivamente para servicios e infraestructura urbana.
