Detalló que esta ley busca proteger la integridad de los reporteros y evitar represalias por parte de entes gubernamentales o políticos, por la difusión de determinados temas.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso local, subrayó que la norma también procuraría la seguridad de los periodistas otorgándoles el derecho a conservar en secreto sus fuentes de información.

Otro objetivo, agregó, es incrementar la confiabilidad de las fuentes y precisión en hechos narrados.

El legislador abrió la posibilidad de adherir a la iniciativa un curso obligatorio a servidores públicos, dado que la organización Artículo 19 ubica a Puebla entre las diez entidades con más agresiones contra periodistas por parte de funcionarios.

Dijo que aún falta afinar detalles de la ley y nutrirla con diversas posturas a fin de complementarla lo mejor posible.

En ese sentido, mencionó que se tomarán los precedentes de Sonora, Chihuahua y Distrito Federal, demarcaciones que ya cuentan con este tipo de leyes.

El también coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, reconoció que su interés por impulsar la ley surgió a partir del asesinato de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz del semanario Proceso.

No obstante, aclaró que el tema es de prioritaria atención dado que de 2000 a la fecha 70 periodistas han sido asesinados en México.

Subrayó que éste como cualquier otro trabajo debe estar exento de temores, hostigamiento y amenazas, tanto del crimen organizado como de políticos o gobiernos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y estudio del marco jurídico que establecerá aspectos como las sanciones a quien viole las garantías del gremio periodístico.