La Corte estableció que el ex presidente del Congreso de Jalisco y actual candidato a una diputación federal, es responsable de violar una suspensión dictada dentro de una controversia constitucional, por lo que debe ser consignado de manera directa e inmediata ante un juez federal.
Por unanimidad de 10 votos, ya que la ministra Margarita Luna Ramos no se consideró obligada a pronunciarse sobre el tema, el pleno decidió que los efectos de la consignación serán para que el ex legislador enfrente un juicio penal con todas las formalidades del debido proceso, y no para que únicamente se le imponga la sanción correspondiente al desacato en que incurrió.
Esta es la primera ocasión en que la Corte separa de su cargo y ordena consignar de manera directa, sin dar vista al Ministerio Público, a un servidor público elegido en elección popular que, además, goza de fuero constitucional.
La mayoría estableció que el juez que conozca del caso tendrá plena jurisdicción y libertad para llevar el proceso, pero no podrá variar las resoluciones de la Corte, en el sentido de que existe una violación a una suspensión judicial y que el responsable constitucional de la misma es el ahora ex legislador.
El juez federal no podrá variar la determinación emitida por la Corte -de la existencia de la violación a la suspensión y del señalamiento de quién cometió esta violación-, que deriva de la función de control constitucional que ejerce el máximo tribunal, precisó la ministra Olga Sánchez Cordero.
"Estamos construyendo lo que puede ser una configuración de un derecho constitucional sancionador de excepción, donde se establecen incluso descripciones que pueden dar lugar a consecuencias de sanción en la vía administrativa o en la vía penal", dijo el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, al destacar la relevancia del criterio fijado este jueves.
La decisión se tomó al resolver una queja interpuesta por el gobierno de Jalisco para impugnar el desacato de una suspensión dictada por la Corte dentro de una controversia constitucional.
El 23 de agosto de 2011, la Corte ordenó al Congreso de Jalisco suspender el nombramiento de cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia hasta que se resolviera la controversia, pero Macías Zambrano, entonces presidente de la mesa directiva de la Legislatura local, incumplió la suspensión no obstante haber sido notificado de la misma.
Así, el pleno determinó por siete votos contra dos que el legislador es responsable del desacato y debe ser consignado ante un juez penal.
La Corte también acordó dejar sin efecto los nombramientos de los cuatro magistrados derivados de la violación a la suspensión dictado, no así los actos emitidos por ellos a partir de entonces.
