Encabezados por Vidulfo Morales, los abogados de Tlachinollan, entregaron al Juzgado Primero de Distrito, pruebas documentales de los hechos consumados el 12 de diciembre del 2011, "que indican que los policías ministeriales son culpables y que no deben quedar en libertad, por lo que pedimos al juez que no proceda el amparo a su favor".
Dijo que las pruebas presentadas ante el Juzgado Primero de Distrito, son videos, fotografías y testimonios de personas que presenciaron los hechos violentos del 12 de diciembre del año pasado, durante el desalojo violento de estudiantes de Ayotzinapa de la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde murieron los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Mientras Antonio Nogueda Carbajal, el abogado defensor de los policías ministeriales Ismael Matadamas y Rey David Cortés, señaló que el amparo solicitado en favor de la libertad de sus defendidos, sí procede porque "ha quedado demostrado que no dispararon sus armas de acuerdo a las pruebas de balística que les fueron aplicadas por peritos de la PGR".
En tanto, Javier Monrroy del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), y el vocero de los normalistas Diego Castro Domínguez, acusaron al gobierno estatal de incumplir con las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que según afirmaron fue concertada y no se apega a la ley, porque "perdió peso al señalar como responsables a funcionarios de primero y segundo nivel, y se excluyó a Genaro García Luna y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero".
