“La situación es extremadamente tensa y el conflicto se ha extendido a muchos, muchos lugares del país”, puntualizó el portavoz del CICR, Hicham Hassan, en rueda de prensa.

Señaló que principalmente la violencia continúa en Idlib, Damasco Rural, muy cerca de la capital, Homs, Alepo Rural, Deraa y en la zona costera de Latakia, entre otras. Incluso, precisó, la situación dentro de una misma ciudad puede ser diferente de unos barrios a otros.

El CICR es el único organismo humanitario con amplia presencia en Siria y estima que un millón y medio de personas se han visto afectadas por la crisis que inició hace más de 15 meses por las protestas contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad.

Hassan agregó que siguen los desplazamientos internos de civiles que huyen de la violencia y describió que muchos de ellos enfrentan dificultades cada vez mayores para tener acceso a atención médica y alimentos.

Sobre la protección de civiles y la aplicación de la ley humanitaria, un experto en derecho internacional, en el anonimato, dijo a Notimex que las Convenciones de Ginebra no se pueden aplicar porque no es un conflicto armado internacional ni todavía un conflicto generalizado en el país o una guerra civil declarada.

Sin embargo, dijo, en ciertos momentos y circunstancias se aplican reglas mínimas del derecho humanitario internacional, en especial el artículo 3 común a los cuatro Acuerdos de Ginebra que subraya que se debe garantizar por todos los involucrados en la violencia el trato humano a la población civil.

Cuando estallan los enfrentamientos, las partes deben hacer una distinción, en todas las circunstancias, entre las personas civiles y las personas que participan directamente en las hostilidades, detalló.

En la medida de lo posible, se debe proteger a la población civil de los efectos de los enfrentamientos y asegurar el acceso a servicio médico, indicó.

Según el experto, “se deben prohibir sobre el territorio ocupado por las fuerzas armadas de una u otra parte las represalias contra la población civil, la toma de rehenes y la destrucción o el daño de bienes que no estén justificados por las necesidades militares”.