La propuesta tiene el respaldo tanto del gobernador como del líder del principal partido de oposición, pero enfrenta numerosos desafíos.

El público sigue preocupado por una fuerza policial a la que los fiscales federales han acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y el derecho a la fianza es atesorado por los puertorriqueños.

Un comité creado esta semana e integrado por iglesias, escuelas y otros grupos se opone al plebiscito del 19 de agosto. En cambio las víctimas de crímenes lo apoyan aduciendo que la gente a menudo teme presentar cargos o prestar testimonio contra alguien a quien podrían encontrarse libre en la isla.