Y sobre todo con las que pretende recuperar la confianza de sus socios europeos y de los mercados, en una semana en que España ha estado en el ojo del huracán tras el anuncio de la nacionalización de Bankia, la cuarta entidad financiera del país.

Dicha noticia ha desatado serias dudas sobre la estabilidad de la banca española y que se sumó este día a las previsiones económicas de la Comisión Europea, que confirmaron que el país no cumplirá el objetivo de déficit impuesto por Bruselas.

En esta ocasión el Ejecutivo puso en marcha una reforma financiera que es la segunda desde que llegó al poder en diciembre pasado. Según anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el Ejecutivo endurece las provisiones de los créditos inmobiliarios “sanos” desde el 7% actual hasta 30%. Es decir, un incremento del 23% que suponen 28 mil millones de euros adicionales a lo establecido en febrero cuando se aprovisionaron 9 mil millones de euros.

Así, los bancos españoles deberán conseguir “del orden de 30 mil millones de euros” adicionales para cumplir los nuevos requerimientos. De Guindos también anunció que serán dos entidades independientes las que auditarán todas las carteras de activos bancarios de todas las entidades españolas, tal y como se había propuesto desde Bruselas (sede de la Unión Europea), y todos los bancos deberán traspasar de manera obligatoria sus activos inmobiliarios a otras sociedades especializadas independientes para su venta antes de finales de 2012 (o 2013 si están en proceso de fusión).

De Guindos dijo que es difícil calcular la cantidad de dinero público que podría inyectar el Ejecutivo a las entidades en caso de que lo necesiten para cumplir con las exigencias. Aunque sí limitó la cifra a 15 mil millones de euros. Y subrayó que “en principio el eventual respaldo público al sector bancario no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados” y que llevan aparejada una remuneración para el Estado.

Además, el gobierno amplió el plazo de prescripción de los delitos fiscales más graves de 5 a 10 años para aumentar la efectividad de la polémica amnistía fiscal recientemente aprobada. También se modifica el Código Penal, que prevé ahora una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora.