La compañía informó en un comunicado que la adquisición le da posesión de las 11 prisiones que rentaba bajo un contrato de 20 años con vencimiento en 2021, a la empresa Municipal Corrections Finance (MFC).

Bajo el acuerdo de adquisición, Geo Group se comprometió a pagar 27 millones de dólares en efectivo a MFC y a entregarle a esta empresa otros 10 millones de dólares que ya tenía depositados para tal efecto.

Geo Group precisó que como resultado de la compra, la compañía reducirá en unos 155 millones de dólares los pagos en efectivo que debía realizar a MFC a lo largo de los nueve años que restaban del contrato de renta.

La estratégica compra, del cien por ciento de participación en la sociedad con MFC, “mejorará significativamente nuestros flujos de efectivo en cerca de 155 millones durante la vigencia del contrato de arrendamiento”, explicó George C. Zoley, presidente y director de GEO Group.

Zoley abundó que la compra “incrementa sustancialmente nuestra capacidad de ejecutar en las iniciativas recientemente anunciadas de creación de valor para los accionistas y nuestra estrategia de crecimiento continuo”.

El construir y operar cárceles privadas se ha convertido en un lucrativo negocio en Texas y otras entidades del país, al que incursionan cada vez más un mayor número de compañías.

Según analistas, el auge en la industria privada del encarcelamiento es propiciado principalmente por los déficits presupuestarios de las entidades y la necesidad de albergar a más inmigrantes detenidos como efecto del reforzamiento de las leyes migratorias en este país.

A nivel nacional, el número de inmigrantes detenidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pasó de siete mil 444 en 1944 a 363 mil en 2010.

Las empresas más beneficiadas hasta ahora son GEO Group Inc., Corrections Corp. of América (CCA), y Emerald Correctional Management, todas ellas pioneras en la industria de cárceles privadas.

“Los inmigrantes son la fiebre de oro”, aseguró Robert Libal, codirector de Grassroots Leadership, organización no lucrativa en Austin, Texas, dedicada a monitorear la industria carcelaria privada para encabezar la oposición a la misma.

“La privatización erosiona el control y la vigilancia pública en el sistema de justicia penal”, sostiene Grassroots Leadership, en su definición de principios.

“Para estas empresas, todos los presos constituyen un objeto de utilidad, y cada crimen una oportunidad de negocio y la rehabilitación viene a ser un mal para el ejercicio de la compañía”, advirtió Libal.