La nacionalización de la principal petrolera de Argentina, privatizada en la década de 1990, fue aprobada con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones luego de dos días de arduo debate en la cámara baja.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández y duramente cuestionada por España y la Unión Europea, había logrado el aval del Senado hace una semana, también con el respaldo de la mayoría de los partidos.

En su artículo más relevante, la ley declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".

Repsol tenía en su poder el 57,43% de las acciones de YPF.

A partir de este momento, del total de acciones expropiadas el 51% quedará bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol conservará un minoritario 6,43%.

Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico, y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual niega la compañía.

Agrupaciones kirchneristas movilizadas frente al Congreso celebraron, junto al vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios, la sanción de la ley bajo una lluvia de fuegos artificiales y consigas contra los que no acompañaron el proyecto.