Desde el primer momento, el gobierno de Martinelli rechazó la recepción de las supuestos sobornos, aunque un italiano señalado como testigo ha reiterado en profusas entrevistas con medios locales los supuestos hechos ventilados en las cortes italianas.

"No hay ningún panameño acusado ahí; ahí no hay mayores evidencias", señaló el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien viajó esta semana a Roma en calidad de enviado especial de Martinelli para sostener reuniones con funcionarios del gobierno italiano.

La ofensiva diplomática fue lanzada por Martinelli con el fin de lograr del gobierno de Italia una declaración de la existencia de transparencia en contratos con empresas de aquella nación europea, basados en un acuerdo bilateral firmado en 2010.

El propio presidente niega que haya recibido dinero del empresario Valter Lavitola, preso desde el 16 de abril luego de permanecer prófugo de la justicia italiana durante más de nueve meses.

Según la prensa italiana, Lavitola pagó sobornos a Martinelli y a la ex ministra de Gobierno, Roxana Méndez, -ahora alcaldesa- en su intento por conseguir un contrato para la construcción de cárceles modulares en una transacción de 176 millones de dólares.

El testigo de la fiscalía italiana Mauro Velocci -representante de la empresa italiana Svermark que vendería los equipos para las prisiones- afirmó que cuando Lavitola era requerido por la justicia, vivía a unas cuantos metros del presidencial Palacio de Las Garzas.

"¿Cómo puede decir el gobierno que no sabía donde estaba escondido si estaba al lado?", expresó Velocci a medios panameños.

Indicó que en una ocasión cuando se negociaba el contrato para la venta de las cárceles, Lavitola le dijo: "está un acuerdo que me tiene que entregar 23 millones de dólares, no para mí, es para el presidente".

El gobierno panameño ha rechazado la recepción de sobornos y basa su argumento en que las cárceles nunca se construyeron.

Velocci es considerado por Martinelli como una persona de "dudosa reputación".

El gobierno panameño dijo que dependerá de cómo avanza el caso Lavitola en Italia para determinar si anula o mantiene un contrato con la empresa italiana Finnmecanica de unos 250 millones de dólares para la compra de seis helicópteros, radares y un mapa digital.

En el plano local, organizaciones sociales mantienen su demanda para que se efectúe una investigación para deslindar responsabilidades.