Al anunciar el pasado 16 de abril el proyecto de expropiación que fue enviado al Congreso, la presidenta argentina Cristina Fernández puso fin a dos décadas de privatización de un sector estratégico para cualquier país.

Comenzó, además, la recuperación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa estatal energética que fue un orgullo para los argentinos desde que se creó, en 1922, 15 años después de que se descubriera el primer pozo en suelo nacional.

En 1925, con la construcción de la refinería de la ciudad de La Plata, a 100 kilómetros de Buenos Aires, YPF llegó a ser una de las empresas petroleras más grandes del mundo, y así se mantuvo, en una posición de liderazgo mundial, durante varias décadas.

Los proyectos de inversión extranjera en YPF comenzaron en 1955 con la firma de un contrato con la estadounidense Standard Oil para trabajos de exploración que, finalmente, nunca se llevaron a cabo, pero se consolidaron tres años más tarde con otras empresas.

Gracias a las inversiones privadas, la petrolera estatal logró extraer crudo y logró el ansiado autoabastecimiento, pero en 1963 el entonces presidente Arturo Illia anuló los contratos por considerar que la soberanía energética podía estar amenazada.

Así, YPF quedó en manos del Estado durante casi tres décadas, pues ni siquiera las dictaduras militares apostaron a modificar su estatus, hasta que, en 1990, el presidente Carlos Menem convirtió por decreto a YPF en una sociedad anónima.

Sólo dos años después, ese gobierno, que quedaría marcado por la frivolidad y la corrupción, concluyó la cesión de los yacimientos a las provincias y la privatización, por lo que un 46 por ciento de las acciones quedó en manos de bancos y fondos de inversión.

En 1999, en el último año de la década menemista, el español Grupo Repsol compró YPF por 15 mil millones de dólares, lo que significó la completa desnacionalización de la empresa, hasta que en 2007 el argentino Grupo Petersen adquirió 14.9 por ciento de la petrolera.