En juego está el derecho de las comunidades descendientes de los ex esclavos, conocidos como quilombolas, de permanecer en las tierras que reconocen como sus áreas ancestrales.

El proceso en el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) se basa en una acción del conservador partido Democratas que consideró inconstitucional un decreto de 2003 que demarca y otorga títulos de propiedad a las comunidades quilombolas, formadas por ex esclavos que huyeron de sus amos antes de la abolición de la esclavitud en 1888.

La sesión inició con el voto del juez Cezar Peluso, presidente del STF, quien acogió la inconstitucionalidad del decreto que reconoce la titulación de las tierras quilombolas.

No obstante, la sesión se cerró después de ese primer voto por pedido de la magistrada Rosa Weber, quien requirió más tiempo para analizar el tema. No se fijó fecha para continuar la audiencia.

El voto de Peluso acogió la inconstitucionalidad del decreto pero mantuvo el reconocimiento de los territorios ya delmitados y demarcados desde la entrada en vigor del decreto.

La fiscal Deborah Duprat, defensora de los derechos de los quilombolas, advirtió que está en juego la sobrevivencia física y cultural de los descendientes de los esclavos, y que un fallo contrario a sus derechos "sería algo muy grave".

Igualmente, la Iglesia Católica hizo un llamado al STF a preservar el decreto que garantiza la posesión de tierras en manos de las comunidades de ex esclavos.

"Brasil tiene una deuda histórica con la población afrobrasileña, de la cual muchos son remanescentes de quilombos. La garantía de tierras secularmente defendidas por ellas es deber constitucional y compromiso ético moral", señaló la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños, que congrega a los jerarcas católicos del país.

Datos de la Fundación Cultural Palmares, de promoción de la cultura negra en Brasil, indican que en el país hay más de 3.000 comunidades quilombolas, de las cuales 2.170 ya fueron identificadas como tales.

No obstante, el partido Democratas consideró que el decreto emitido en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva es inconstitucional porque un dispositivo constitucional como el reconocimiento de tierras no puede ser regulado mediante decreto, sino mediante una ley votada por el Congreso.

El recurso presentado por el partido ante el STF cuestiona que el decreto permite definir la demarcación de territorios quilombolas basado en los criterios de las propias comunidades sobre los territorios ocupados históricamente.