"Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España", dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria, desde Varsovia (Polonia), en unas declaraciones difundidas por los servicios de comunicación del gobierno.

"El gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias", añadió, en el primer mensaje en un tono de advertencia que lanza el gobierno del Partido Popular desde que comenzara el contencioso entre la compañía ibérica y Argentina.

Varias provincias argentinas han retirado recientemente sus concesiones a YPF, alegando el incumplimiento en los planes de inversión. Pero muchos analistas consideran que detrás de la presión oficial hay una voluntad de nacionalizar la petrolera, que fue privatizada en la década de 1990.

El gobierno de Cristina Fernández no ha negado esa posibilidad, aunque por el momento ha dicho que recurrirá a los mecanismos legales vigentes para obligar a YPF a garantizar la producción de hidrocarburos.

YPF está participada en un 57,43% por la española Repsol y en un 25,46% por el grupo argentino Petersen. La filial argentina representa el 42% de las reservas totales de Repsol, cifradas en 2.100 millones de barriles de crudo, y un 25% de sus beneficios de explotación.