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Clase política y estado laico

por Armando MAYA CASTRO
4/17/2018 11:35:00 AM
Desde que Benito Juárez decretó la Ley de Libertad de Cultos, el 4 de diciembre de 1860, las leyes de México protegen el ejercicio del culto de las iglesias "que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable...", establece el artículo primero de esta que fue una de las Leyes de Reforma.

De entonces a la fecha, México es un país donde la diversidad religiosa goza de protección jurídica, lo que no tuvo durante los trescientos años del virreinato ni en las primeras tres décadas del México independiente. Esta protección comenzó a favorecer a las religiones no católicas a partir de la Constitución de 1857, cuya promulgación ocasionó "acaloradas discusiones y disgustos entre los conservadores que se sentían atacados al sentir amenazada su religión", señala el historiador Sergio Orlando Gómez, quien añade: "La consecuencia de esta reacción fue el Plan de Tacubaya, pronunciado por Félix Zuloaga el 17 de diciembre de 1857. El plan desconocía la Nueva Constitución de 1857 obligando a Comonfort a continuar con las funciones de presidente, lo cual se tradujo en un golpe de Estado".

Este plan, proclamado por Zuloaga y los demás conservadores de la época, dio origen a la Guerra de Reforma (1857-1861), uno de los conflictos civiles más sangrientos de la historia de México, el cual dejó un saldo de 8 mil mexicanos muertos en sus tres años de duración, y al país en la bancarrota.

En el marco de la Guerra de los Tres años, como también se le conoce en la historia de México, fueron expedidas las Leyes de Reforma, que establecieron, aparte de la Ley sobre libertad de cultos, la "separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y la incautación de los bienes eclesiásticos en beneficio del Estado", señala en el volumen 15 de la “Historia General de España y América” (Rialp, S. A.).

El 11 de agosto de 1859, en la Heroica Veracruz, Benito Juárez, presidente interino de México, expidió el “Decreto del gobierno en que declara qué días deben tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de iglesia”. El artículo tercero de este decreto establecía: “Se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquiera que sean, emanadas del legislador, de institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales había de concurrir en cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias”.

Los conservadores de aquella época y del tiempo actual, faltando a la verdad, han señalado que este conjunto de leyes y decretos formó parte de una gesta persecutoria en contra de la Iglesia católica. La única verdad es que esta institución fue la única favorecida por las constituciones confesionales e intolerantes que se emitieron antes de 1857, en las que se establecía que la religión católica había de ser la única, sin tolerancia de ninguna otra.

Roberto Blancarte, sociólogo e historiador, especializado en religión, laicidad y democracia, señala que las Leyes de Reforma constituyeron "un esfuerzo considerable para dejar atrás el orden colonial y establecer las bases de un régimen basado en una concepción moderna del mundo, en las libertades individuales, en el desarrollo económico y en el progreso de la humanidad; en suma, para construir una República laica".

En la actualidad, aparte de contar con una Constitución que en su artículo 40 establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal…”, tenemos también a una clase política que, olvidando su obligación de mantener una conducta laica en su actuación, viola con frecuencia el artículo constitucional antes mencionado.

Los desacatos en comento son de por sí graves, pero adquieren mayor gravedad cuando los infractores, con indignante cinismo, defienden y justifican sus violaciones al carácter laico del Estado, afirmando que su proceder no atenta contra la Constitución ni contra las leyes que de ella emanan.

Como usted recordará, estimado lector, hasta hace un tiempo, este tipo de atropellos a la ley eran perpetrados únicamente por funcionarios públicos yunquistas y de la extrema derecha. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, políticos y servidores públicos que militan en los llamados partidos de izquierda figuran entre los depredadores del Estado laico, creyendo que, al quedar bien con la jerarquía católica, lograrán ganar el voto de los católicos, como algunos presidenciables lo externaron en su más reciente encuentro con los obispos católicos de México.

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