Al igual que policías municipales que también habían sido aprehendidos, los ex uniformados consiguieron un amparo después de que las pruebas que entregaron las autoridades locales para argumentar sus presuntos vínculos con el crimen organizado fueron consideradas débiles por el Poder Judicial.

Seguramente la autoridad estatal alegará pérdida de confianza para prescindir de cualquier relación laboral con los agentes, que fueron exhibidos antes de que los enviaran a un centro de readaptación social de Veracruz.

Si bien ahora se considera inconstitucional e ilegal lo que hizo el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), no hay que olvidar que en la presentación participó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la detención se manejó como un trabajo en conjunto.

La aprehensión de los agentes ahora amparados se dio poco después de la detención de Jesús Quiñónez Márquez, enlace de la PGJE con la autoridad estadounidense, por elementos norteamericanos.

Y aunque desde un principio se aseguró que una acción no estaba relacionada con la otra, no hay que olvidar que a la autoridad estatal le interesaba limpiar su trabajo y le convenía aparentar que estaba participando en una investigación para depurar las corporaciones de elementos vinculados con el crimen organizado.

La que se vivía entonces era todavía la peor época de inseguridad que ha experimentado Baja California, pero se insiste en que de nada vale hacer detención masiva de elementos actuando de relumbrón si después se caen las causas penales porque no estaban bien formuladas o lo peor, a quienes se había detenido eran inocentes. Esta gente exige respuestas y está en su derecho de recibirlas.