Tienen razón en argumentar que la inflación los obliga al encarecimiento de su producto, pero también lo tienen las personas que exponen sentirse incapaces de solventar tanto aumento con los bajos salarios derivados de la sobreoferta de la mano de obra y la escasez de empleo.

Lo cierto es que la noticia que surgió en Ensenada acerca de que el precio de la tortilla pudiera dispararse hasta los 18 pesos, causó preocupación en la sociedad que se afirma imposibilitada de resistir un golpe más a su bolsillo.

Este un tema de todos los años, cuando este sector comercial afirma ya no soportar más los aumentos del gas, la gasolina y hasta los servicios públicos con lo que sus integrantes abastecen sus negocios.

En 2011, el Gobierno del Estado encabezó una medida a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Secretaría de Desarrolo Económico que sólo resultó un paliativo y el costo del producto de todos modos se encareció.

Los industriales se quejaron de que las toneladas de maíz facilitadas por el Estado eran insuficientes para mantener los costos y el precio terminó por subir debido, entre otras cosas, a que los especuladores mantenían acaparado el escaso grano existente que se salvó de las heladas.

Esta vez aún hay tiempo para establecer una política pública que frene la especulación que terminará por afectar el poder adquisitivo de las familias bajacalifornianas.