Suman 800 los agentes federales que llegaron a Michoacán para vigilar y evitar que carreteras y accesos a la entidad sean nuevamente bloqueados por parte de estudiantes, como ha ocurrido en el transcurso de esta semana.

Se supone que los bloqueos han sido promovidos por la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), ente que conglomera a universitarios inconformes con la detención de 10 de sus compañeros que participaron en la quema de unidades y el daño de edificios del centro de Morelia, en una manifestación para exigir recursos para sus promociones.

Lo que están haciendo los universitarios, que mantienen secuestradas unidades de transporte de pasajeros para llevar a cabo sus cierres de carreteras, es provocar a la autoridad y atraer la atención nacional, a sabiendas de que si su actitud es reprimida el costo político será muy grande.

No obstante, no se vale que sean los ciudadanos quienes paguen el malestar de los universitarios por razones a simple vista injustificadas debido a que no pueden pedir invulnerabilidad simple y sencillamente por tratarse de estudiantes cuando no honran su calidad ni se comportan como tales.

El secuestro de unidades y la privación de la libertad de tránsito de las personas es criticable trátese de quien sea y más cuando quienes lo protagonizan son personas favorecidas con educación superior, que en México sigue siendo un privilegio, porque su cobertura no ofrece espacios suficientes para todos.