Además, Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que una persona había sido detenida por el siniestro como presunto delincuente y “asesino ecológico”.

Más tarde se supo que “el aprehendido” era una mujer ama de casa de 30 años de edad que al parecer quemaba cable de luz para extraer el cobre y venderlo cuando el incendio se le salió de control y se expandió al cerro de El Colli, en Zapopan.

El fuego afectó más de 7 mil 500 hectáreas de vegetación y trastornó la vida cotidiana de los jaliscienses al impedir las clases en un centenar de escuelas derivado de los altos niveles de contaminación.

El secretario de Medio Ambiente dijo que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) la aplicación de todo el peso de la ley en el asunto.

Claro que quienes ocasionaron el desastre merecen pagarlo, pero también deben hacerlo aquellos que permiten que establecimientos sigan comprando material robado como el cobre que se extrae del cable de luz.

Ahora el incendio fue de dimensiones importantes y podría considerarse un desastre ecológico, pero son muchos los que han dejado a familias sin viviendas y propiedades porque a alguien se le salió de las manos la quema de cable para sustraerle material qué vender clandestinamente a esos sitios que fomentan el robo.

Es hora de que delitos que podrían considerarse de poca importancia comiencen a ser castigados con todo el peso de la ley porque ocasionan problemas que impactan a muchos, pero que no se toman en cuenta hasta que son de dimensiones incuantificables.