“La impunidad que rodea los casos de ataques, sigue siendo el aspecto más dramático de este problema”, destaca el informe de la Comisión contra la Impunidad del organismo.

Tan sólo en México, en la última década han sido asesinados 70 periodistas, 24 de ellos en el último año en el cúmulo de países que integran la SIP en América.

México ya aprobó una reforma para que las investigaciones por atentados graves contra periodistas se lleven al ámbito federal.

En este país ha habido avances cuando se habla de hacer justicia sobre los atentados que reciben los comunicadores a la hora de hacer uso de la libertad de expresión.

No obstante, esos avances parecer ser únicamente acuerdos y aparatos que muy pocos resultados han dado cuando se trata de realizar investigaciones para dar con los culpables que amedrentan y asesinan a los periodistas.

Se cuenta con esquemas como el área de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encargada de atender los casos de agravios hacia los integrantes del gremio y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), pero que se han quedado en acuerdos, en buenas intenciones y firmas de acciones que no prosperan.

Los organismos dedicados a la protección de periodistas se han convertido en centros de estadísticas sobre muertes y atentados que quedan como historias de personas que ahora engruesan las cifras de muertos y desaparecidos, pero no la justicia que exigen sus colegas y familiares.