Lo anterior, porque será la población transfronteriza la más afectada con lo que venga si ello no se deriva de una estrategia realizada responsablemente y a conciencia.
Nadie está en contra de las obras de infraestructura y menos si éstas mejorarán la calidad de vida de los fronterizos, pero lo que se solicita es que la autoridad se ponga en el papel de los ciudadanos y dimensione lo que representa que algo cambie tan drásticamente su cotidianidad.
De por sí, desde hace más de un década los bajacalifornianos han padecido una tardanza desmesurada en los cruces fronterizos derivada de el endurecimiento de los procesos de revisión por parte de la autoridad norteamericana.
Ahora que parece comenzar a cristalizarse lo que hace años se veía como un anhelo para muchos sectores sociales, sobre todo para el comercial y empresarial, surge la preocupación ante lo que se tendrá que padecer para gozar el beneficio de una garita remodelada.
De a gratis, los bajacalifornianos sufrieron también la implemenracuon del Sistema de Aforo Vehicular (Siave), un procedimiento burocrático que más que de seguridad fue de política, para tratar de demostrar que el gobierno federal intenta frenar el tráfico de armas.
Ahora se avecina un problema más que toca tratar de inhibir al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado en sus gestiones con el gobierno de México. Ojalá que ahora sí se hagan escuchar.
