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por Francisco Rodríguez
11/10/2005 12:00:00 AM
EL TEMA DE la corrupción que impera en el Instituto Nacional de Migración (INM) trasciende los ámbitos de la procuración de justicia, donde la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia (lamentablemente mejor) Organizada (SIEDO) vuelve a hacer el ridículo, aunque salpique a la Policía Federal Preventiva en su deslinde de responsabilidades sobre actuaciones que, sin pruebas fehacientes, apresaron por año y medio a Artemisa Aguilar, exfuncionaria del INM en el aeropuerto capitalino, acusada falsamente de haber formado parte de una banda de traficantes de indocumentados.

A ello sumemos el inexplicable –e injustificable— caso del expresidente peruano Alberto Fujimori quien, con 14 órdenes de aprehensión giradas por aquél país, y procedente de Tokio con rumbo a Chile, hizo escala en el aeropuerto internacional de Tijuana sin que autoridad mexicana procediera a su arresto como se especifica en las fichas que ha emitido la Interpol para su captura.

A las pifias de la autoridades migratorias sume usted las que emitieron los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Ernesto Derbez y José María Abascal, quienes justificaron la no detención en suelo mexicano porque, según ellos, no existía orden de aprehensión a la vista, como si a delincuentes diversos no se les hubiera arrestado para proceder ante el Ministerio Público con la posterior deportación.

De ese tamaño el control de la corrupción impera entre autoridades de Migración, que crecieron este sexenio como nunca, tras la ignominia de sus delegados directivos como fue el caso de Magdalena Carral, acostumbrada a atender a los socialités que desde su agencia de relaciones públicas acostumbra y que hoy está en niveles alarmantes por cuanto el tráfico de indocumentados, narcotraficantes, delincuentes financieros, niños robados, bailarinas exóticas y esclavos asiáticos pasan por aeropuertos y fronteras mexicanas.

Ya antes habían cruzado por tierras mexicanas terroristas cubanos anticastristas, como Luis Carriles, ya se habían denunciado incluso formas de operar de bandas de polleros que en aeropuertos logran superar los ingresos por narcotráfico.

Casualmente es en estos dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Tijuana, donde se registra la mayor parte de estas movilizaciones delictivas, entendibles sólo bajo el consentimiento y protecciónde diversas policías que operan haciendo el gran negocio del sexenio, superando los 25 mil millones de dólares al año.

En Tijuana se desata una lucha entre concesionarios y locatarios por mantener canonjías o establecer nuevas condiciones administrativas. Ahí el director del aeropuerto no es juzgado ante la Ley de Servidores Públicos, pues es contratado por una empresa privada, la que a su vez dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su dependencia Aeropuertos y Servicios Auxiliares son las que deberían poner orden en el desconcierto que se observa en estacionamientos inseguros, en comerciantes y taxistas abusivos, pedigüeños, carteristas, etc.

Incluso diplomáticos que operan en dicho aeropuerto, como el caso de Rodolfo Figueroa, han armado campañas con cargo al erario contra la administración de dicho aeropuerto hoy en manos de compañías extranjeras como son las españolas AENA, Dragados y FENOSA, por las que aboga el ex presidente hispano José María Aznar, hoy de moda entre los sans noblesse aztecas.

También hay denuncias que operadores de aviación han entablado para defender su fuente de trabajo en dicho aeropuerto, del que acusan diversas anomalías ante diputados y funcionarios que archivan o ventilan los expedientes según sea el momento político.

Lo cierto es que hay un mar de irregularidades en dichas terminales, empezando por lo que toca al control y movilización de personas y mercancías. Ahí en el aeropuerto de Tijuana hace 12 años fungía como director de dicha terminal un hermano del hoy diputado Manlio Fabio Beltrones. Ahí entraba y salía con gafete para accesos restringidos aquél Odilón Sánchez, encarcelado por dos años tras considerársele uno de los sospechosos tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas.

En ese aeropuerto, el de Tijuana, despachaba como gerente de Seguridad quien después fuera promovido por ASA al mismo cargo, pero en el nivel nacional, Felipe Baril, denunciado ante la entonces Secretaría de la Contraloría por haber favorecido con contratos espurios a la empresa Remaconst, de Enrique de Hita, cercano a Pedro Pablo Zepeda, ex director de Puertos de la SCT, también investigado por malos manejos durante su gestión.

Así, en Tijuana y México a diario pasan como lo han hecho sin ningún problema los más variados delincuentes huyendo de la ley para su resguardo personal que al igual que quienes lucran con indocumentados y personas explotadas sexual y laboralmente ven en los aeropuertos mexicanos la oportunidad de seguir con uno de los negocios más lucrativos del siglo, que ya rebasó en ingresos y funcionarios involucrados a los del narcotráfico.

Vicente Fox puede estar orgulloso de las inversiones de oropel que extranjeros han hecho en estos aeropuertos. La delincuencia que él no quiere ver despacha hoy mejor que nunca, intocable, a sus anchas y con instalaciones nuevas y modernas.

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Fuente:

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2005/11/10/137096/indice-politico